El Consejo Escolar de Canarias es el órgano donde está representada toda la comunidad educativa y, por tanto, uno de los espacios idóneos para exponer las carencias que presenta nuestro sistema público. Allí, entre otros sectores, se dan cita las familias, el alumnado y el profesorado, es decir, todos los agentes implicados de manera directa en la Educación. Por ello, el sábado 21 de septiembre acudimos al primer pleno de este curso, en Gran Canaria -donde se presentó oficialmente la nueva consejera, María José Guerra Palmero, y su equipo-, con una batería de medidas pensadas para mejorar la enseñanza en nuestra tierra. La titular del departamento educativo centró su discurso en cinco ejes que compartimos y son, a nuestro juicio, prioritarios: el bienestar del profesorado (factor humano); el estado de las infraestructuras, muchas de ellas obsoletas; la educación de 0 a 3 años, donde Canarias lleva un atraso considerable; la apuesta por la Formación Profesional y la Educación para Adultos; y el abandono escolar temprano.
Agradecemos la implicación de los nuevos responsables de la Administración Educativa y nuestra organización no desaprovechó este encuentro para enumerar algunas de las legítimas aspiraciones que tiene el profesorado y que ANPE reclama incansablemente en todos los foros en los que participa. Estas reivindicaciones son:
- Horario de 23 horas semanales para el Cuerpo de Maestros
- Reducción de la carga burocrática
- Reducción de las ratios alumno/profesor
- Atención al alumnado con necesidades educativas especiales y apoyo idiomático en los sures de las islas
- Desarrollo de la norma para asistencia jurídica y psicológica del profesorado agredido
- Regulación de las listas de empleo
- Recuperación del 1 de septiembre para interinos y funcionarios en prácticas
- Desaparición de barracones y mantenimiento de los centros educativos
- Apuesta real (con los ajustes necesarios) por la FP Dual y que la oferta de Formación Profesional no esté condicionada por la disponibilidad presupuestaria derivada de las enseñanzas obligatorias, como ha ocurrido tras la aplicación de las 18 horas lectivas en Educación Secundaria
- Apertura de nuevos espacios de diálogo que den voz y protagonismo a los docentes
- Apuesta por la educación de 0 a 3 años, sin que suponga un menoscabo de la inversión en el resto de las enseñanzas
- Recuperación de la autonomía y la participación en los centros educativos (claustro de profesores y consejos escolares).
Todo ello, por supuesto, debe venir acompañado del compromiso adquirido por el propio presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, que en su discurso de investidura hizo referencia a la necesidad de alcanzar, al menos, el 5% del PIB en inversión educativa, tal y como marca la Ley Canaria de Educación. Ese objetivo, plasmado en una norma que fue fruto de una iniciativa legislativa popular, y cuyo horizonte temporal es 2022, debe entenderse como irrenunciable para toda la sociedad canaria.