Pedimos a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias que ponga en marcha el plan que anunció en agosto para combatir el exceso de tareas burocráticas que realiza el profesorado. Por este motivo, consideramos urgente que se apliquen medidas que rebajen la carga administrativa de los docentes, de manera que puedan dedicar más tiempo y esfuerzos a su verdadero trabajo: favorecer el aprendizaje del alumnado.
Recordamos que el nuevo equipo de Educación, que tomó posesión en verano, informó que implementaría una actuación en este sentido, algo que daría respuesta a una demanda unánime del profesorado y de toda la comunidad educativa. De hecho, el Consejo Escolar de Canarias presentó el curso pasado una hoja de ruta para reducir este tipo de labores en los centros educativos. Estas indicaciones -muchas de ellas sugeridas por nuestro sindicato- fueron recogidas y expuestas en forma de libro por un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En los últimos años, los docentes han tenido que asumir nuevas formas de evaluar, nuevos procesos de calificación, la introducción de los estándares de aprendizaje evaluables, la sobrecarga de las programaciones, planes de convivencia y de autoprotección de los centros, informes minuciosos sobre la evaluación negativa de cada alumno que no consiga desarrollar las competencias, memorias de cursos y una ingente cantidad de procedimientos administrativos, lo que les resta tiempo de atención directa del alumnado y de preparación específica de sus clases.
A ello se une la diversidad de situaciones familiares y sociales a las que se enfrentan a diario los docentes. La sociedad exige que la escuela atienda realidades cada vez más complejas, pero, en nuestra opinión, esta demanda no ha venido acompañada de una reflexión sobre el modelo educativo y la plantilla que debe conformar cada centro.
Creemos que una de las vías que habría que explorar, y que está incluida en el documento elaborado por el CEC, es incrementar los recursos destinados a la educación, arbitrar fórmulas de simplificación docente e impulsar los procesos de toma de decisiones que afecten a los centros, devolviéndoles las cuotas de autonomía que han ido perdiendo con los años.
En concreto, ante la compleja evolución de la sociedad y la educación actual, el informe del CEC sugiere como una de las medidas clave que la plantilla de los centros educativos no esté compuesta únicamente por personal docente o de administración y servicios, ya que la mayoría del profesorado se muestra de acuerdo en que la variedad de problemas existentes entre el alumnado y las familias van, a menudo, más allá de lo simplemente educativo y requieren la intervención de otros profesionales especializados (del ámbito social, psicólogos/as, personal administrativo, personal sanitario y, en menor medida, profesionales de la seguridad y vigilancia).