Una treintena de inspectores educativos del Archipiélago denuncia la infrautilización del colectivo, especialmente durante el estado de alarma. Por este motivo, informamos de que estos trabajadores han presentado un escrito ante la Inspección General en la que señalan los inconvenientes con los que se han encontrado estos meses: publicación tardía de instrucciones, falta de concreción y vacíos legales no resueltos con respecto a las normas en vigor (decretos de currículo, órdenes de evaluación...).
Además, explicamos que todo esto ha dificultado el cometido de los inspectores, sobre todo las funciones relacionadas con el asesoramiento a los centros educativos. Entre las funciones prioritarias de la Inspección Educativa se incluye la de orientar y asesorar a equipos directivos, responsables de servicios educativos, órganos colegiados y órganos de coordinación docente en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
Por otra parte, los inspectores que han presentado estas quejas advierten de que se ha producido una significativa falta de información sobre el estado de los procedimientos paralizados o la planificación y reanudación de estos, como la evaluación de funcionarios en prácticas o la selección de directores.
Insistimos que la función de la Inspección Educativa debe ser esencialmente asesora, especialmente en momentos tan complejos como los que está viviendo la educación canaria en la actualidad. En estas difíciles circunstancias para el ejercicio de la función docente resulta de capital importancia que los diferentes servicios de la Inspección Educativa prioricen su apoyo a los centros y al profesorado, ofreciendo permanentemente su orientación y sus recursos, así como una mayor flexibilización del marco normativo para que cada centro, en el ejercicio de su autonomía, pueda incorporar medidas acordes con las necesidades del alumnado y sus familias.
Asimismo, reclamamos que se incremente la plantilla de inspectores -ahora ronda los 70 efectivos- para que estos puedan desarrollar de manera oportuna y acertada su labor, centrándose en áreas de acción menores y más accesibles.
Por último, subrayamos que la principal función de nuestra Inspección Educativa, que está integrada exclusivamente por profesionales de la enseñanza pública con una experiencia contrastada en los centros, debe ser el asesoramiento pedagógico y la ayuda permanente al profesorado y los cargos directivos de colegios e institutos. Para ello, nos parece fundamental que, por una parte, se descargue a sus integrantes de la excesiva carga burocrática y administrativa que soportan y, en segundo lugar, se apueste por incrementar gradualmente el número de sus efectivos, reduciendo así el número de centros educativos que debe atender cada inspector o inspectora para posibilitar una mejor y más estrecha relación con quienes conforman su zona de actuación.