La Junta de Personal Docente de S/C de Tenerife reclama más negociación en las normativas que afectan al profesorado
El órgano ha celebrado hoy un pleno en el que ha aprobado una serie de resoluciones relacionadas con el estado de la enseñanza pública en las Islas que serán remitidas a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
La Junta de Personal Docente de Santa Cruz de Tenerife advierte de la falta de negociación por parte de la Administración sobre cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo del profesorado y exige que sean negociadas con las centrales sindicales. Los miembros de este órgano de representación denuncian que se han aprobado órdenes y resoluciones que no han pasado previamente por las perceptivas mesas de negociación, como ha sido el caso de la normativa de organización y funcionamiento para el actual curso escolar o las instrucciones que determinan cómo certificar el complemento AICLE (docencia bilingüe).
Esta denuncia forma parte de una de las 8 resoluciones aprobadas en el pleno celebrado en el día de hoy. Además, la Junta ha vuelto a exigir que se mantenga al profesorado con nombramiento covid hasta el 31 de agosto y no solo hasta 30 de junio, tal como tiene previsto la Administración.
Por otro lado, los miembros han manifestado su rechazo a la forma en la que la Consejería realiza cada año los nombramientos de postadjudicación en el mes de septiembre. Según una de las resoluciones aprobadas, la Administración ha repetido este curso los mismos errores que el anterior y, una vez más, no ha respetado el orden de derecho de los integrantes de las listas de interinos, adjudicando un día plazas covid (vigencia hasta 30 de junio) y al día siguiente vacantes (vigencia hasta 31 de agosto).
Además, la Junta ha aprobado otras resoluciones en las que reclama que no se discrimine al profesorado interino que permaneció de baja el curso pasado (no se les permitió tomar posesión el día 1 de septiembre), que se dote de recursos extraordinarios a la isla de La Palma para paliar las carencias derivadas de la erupción volcánica en el sistema educativo y que se desarrollen, con acuerdo sindical, las implicaciones de las nuevas leyes educativas (LOMLOE y Ley de FP) para el profesorado de las islas.