La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha informado de que limitará el uso de teléfonos móviles y dispositivos similares en los centros educativos públicos no universitarios del Archipiélago.
La medida afecta fundamentalmente a las etapas de infantil y enseñanza obligatoria (primaria, ESO y FP básica) y será efectiva durante toda la jornada escolar, incluidos descansos, recreos, actividades y servicios complementarios, y actividades extraescolares.
La Administración ha anunciado la inminente publicación de una resolución que recogerá las instrucciones al respecto con el fin de establecer un marco regulatorio común.
En líneas generales, y por lo que ha hecho público la Consejería, la regulación va en la línea de las recientes recomendaciones del Consejo Escolar de Canarias respecto a este asunto, así como del planteamiento que viene defendiendo ANPE Canarias.
En este sentido, la idea es que la utilización de móviles no esté permitida por regla general, salvo para usos educativos específicos en ESO y FP básica, siempre que el claustro del centro lo establezca expresamente, lo apruebe el consejo escolar, y el centro no disponga de medios tecnológicos propios para todos el alumnado que lo precise. En estos casos, además, se deberá garantizar que la decisión no supone un agravio comparativo para el alumnado que no disponga de móvil, o cuya familia decida no hacer uso de él, para lo cual el centro le deberá proporcionar los dispositivos necesarios.
Igualmente, la Administración ha señalado que podrá autorizarse en todas las etapas el uso de móviles por razones excepcionales y de necesidad atendiendo a circunstancias personales de carácter médico convenientemente acreditadas.
En cuanto a la educación secundaria posobligatoria, la educación superior no universitaria y las enseñanzas de régimen especial, los centros educativos podrán, en función de su autonomía y atendiendo a la edad del alumnado, establecer limitaciones al uso de móviles y otros dispositivos en sus normas de organización y funcionamiento.
En cualquier caso, ante el incumplimiento por parte del alumnado de las normas adoptadas, la Consejería señala que los centros podrán acordar medidas correctoras, incluida la retirada temporal del dispositivo, garantizando siempre el respeto a los derechos del alumnado.
