El incremento de problemas asociados a la salud mental entre el personal docente está alcanzando dimensiones preocupantes. Es necesario poner en marcha medidas que contribuyan a afrontar esta realidad de manera efectiva y ajustada a su magnitud.
Todos los indicadores apuntan hacia una incidencia cada vez mayor de problemas de ansiedad, estrés crónico y depresión en el profesorado. Según el primer Estudio Nacional sobre el Estado de Ánimo de los Docentes, que se realizó el año pasado, el 38,4% del profesorado se autopercibe en un estado emocional que podría asociarse a depresión moderada o severa, y los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social reflejan que las bajas laborales en el colectivo por problemas de salud mental se han triplicado desde 2016. Los propios datos del Defensor del Profesor, servicio prestado por ANPE, reflejan un aumento sostenido de los casos de ansiedad asociados a la conflictividad escolar.
Pese a ello, el profesorado es el colectivo con menor porcentaje de ausencias por incapacidad temporal de toda la Administración autonómica, con solo un 4,2%, según datos de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos del Gobierno de Canarias, lo que es especialmente significativo si se tiene en cuenta que la tasa global de ausencias en la Administración, que es del 6%, está por debajo de la media del sector privado en Canarias. Estas cifras son indicativas del compromiso de los docentes con su trabajo a pesar de todas las dificultades.
Los números sobre la incidencia creciente de problemas de salud mental avalan lo que observamos en el día a día de los centros educativos y las señales de alerta que llegan al sindicato por parte de muchos docentes.
Esta situación se debe a la acumulación de diferentes factores, algunos de los cuales están bien identificados. Entre ellos: las elevadas ratios; la excesiva carga burocrática que se hace recaer sobre el profesorado; la escasez de determinados especialistas, como los de orientación educativa; la falta de personal administrativo y de servicios en los centros; y la insuficiencia de recursos para cumplir con los objetivos que establece la ley educativa. A los docentes se nos exige hacer de todo para suplir las carencias del sistema, lo que hace que tengamos cada vez mayores responsabilidades mientras, por otro lado, se desdibuja y se desvirtúa nuestra autoridad, lo que conduce a situaciones de conflictividad con alumnos y familias, y, en muchos casos, a estados de estrés y ansiedad.
Tareas de la Administración
Desde ANPE demandamos a la Administración que afronte estas cuestiones de fondo y que, además, nos ofrezca más formación al profesorado relacionada con la gestión emocional, con técnicas y herramientas para afrontar situaciones de tensión en el aula, dado que los cursos de este tipo cuentan con pocas plazas y se cubren enseguida.
Existe una clara relación entre la conflictividad en los entornos educativos y los problemas de ansiedad, estrés o depresión del profesorado. En este sentido, reivindicamos que se reconozcan como enfermedades profesionales aquellas relacionadas con la salud mental derivadas del ejercicio de la docencia. Igualmente, pedimos a la Consejería de Educación que facilite el acceso a ayuda psicológica y a asesoramiento jurídico a los docentes que lo necesiten por situaciones relacionadas con su trabajo, simplificando los protocolos que existen actualmente. Asimismo, hay cosas que no se pueden permitir, como que un docente agredido o acosado se vea obligado a continuar dando clase a su agresor.
Del mismo modo, consideramos necesario habilitar mecanismos para mejorar la coordinación entre las familias y el profesorado. Existe la percepción de que los docentes son reacios a la implicación de las familias en el sistema educativo, cuando no es así; con canales de coordinación más fluidos, las familias tendrían una concepción de nuestro trabajo más ajustada a la realidad y disminuiría la presión sobre el profesorado.