ANPE Canarias ha reclamado mediante una solicitud a la Consejería de Educación del Gobierno autónomo que refuerce y dote de mejores recursos a la Inspección educativa, con el fin de que esta disponga de los medios adecuados para desempeñar su labor, esencial para el buen funcionamiento del sistema público de enseñanza. entendemos que son precisas diversas modificaciones organizativas para sacar mayor provecho al trabajo, al conocimiento y a la experiencia de los inspectores e inspectoras.
Entre esas mejoras necesarias destaca la de desburocratizar las funciones de los inspectores e inspectoras, dado que las tareas puramente administrativas ocupan la mayor parte de su tiempo, lo que les impide ofrecer la dedicación necesaria a sus cometidos principales; señaladamente, el de prestar asesoramiento al profesorado, que es fundamental para resolver problemas cotidianos del aula y mejorar la práctica educativa. Para que los miembros de la Inspección de Educación estén más cerca de la realidad de las aulas y puedan intervenir de forma más directa y eficaz, es indispensable, además, reducir el tamaño de sus zonas de influencia.
La Administración educativa debe mejorar también los lugares de trabajo de inspectores e inspectoras. Desde ANPE, hemos denunciado las condiciones en que se encuentra la sede de la Inspección en Gran Canaria debido a la falta de climatización, iluminación y ventilación, a la necesidad de mejoras de los baños y a la escasez de mobiliario, entre otras deficiencias. Asimismo, recordamos que en Lanzarote hace falta una nueva sede.
Otra de nuestras preocupaciones es la falta de recursos informáticos para las visitas de los miembros de la Inspección a los centros educativos. En este sentido, reclamamos a la Administración que les proporcione dispositivos adecuados, que garanticen la protección y la seguridad de la información que se maneja.
Por otro lado, se deberían conformar comisiones específicas de trabajo dentro de la Inspección educativa para abordar diferentes temáticas; entre otras, las novedades que se están implantando en la Formación Profesional. De igual forma, la Inspección general debería poder emitir resoluciones propias de sus competencias, sin menoscabo de su dependencia orgánica de las correspondientes viceconsejerías.
Buena parte de estas medidas requieren, a nuestro juicio, una ampliación de la plantilla de inspectores e inspectoras en, al menos, diez puestos, con el fin de garantizar una adecuada atención a las necesidades educativas, además de una oferta de empleo suficiente que permita cubrir todas las vacantes.
Este aumento de plantilla debe ir acompañado de un incremento de las retribuciones, de manera que se actualicen y se adecúen a las responsabilidades y funciones del puesto, se establezca un complemento retributivo singular, se regulen los complementos de responsables de programas y de coordinaciones de equipos de trabajo, y se asigne al cuerpo el nivel 28 de complemento de destino, entre otras mejoras.
En el documento adjunto puedes consultar la solicitud registrada por ANPE en la Consejería sobre este asunto.