Desde ANPE Canarias, sindicato más representativo del profesorado de la educación pública no universitaria en las Islas, hacemos un balance desigual del curso escolar 2024-2025: se han logrado avances importantes, pero siguen pendientes compromisos fundamentales para mejorar la enseñanza y la situación del profesorado.
En el lado positivo, destacamos la firma de la modificación del Acuerdo para la mejora del sistema público educativo, que contempla bajadas progresivas de las ratios alumnado/docente en educación infantil, primaria y ESO a lo largo de los próximos tres cursos, mayor dotación de especialistas en Orientación Educativa, Audición y Lenguaje, y Pedagogía Terapéutica, y refuerzos para los centros con peores resultados en comunicación lingüística y matemáticas. Son medidas parciales y mejorables, pero tangibles, que permitirán mejorar las condiciones en las que se imparte enseñanza en el Archipiélago.
Otro hito importante ha sido el hecho de que la Administración haya comenzado a abordar la sobrecarga burocrática que soporta el profesorado. En esta línea, se trabaja en la implantación de la nueva plataforma de gestión educativa, Doramas —inspirada en el modelo andaluz Séneca—, y en un proyecto de simplificación administrativa que toma como referencia, entre otros, un documento presentado por ANPE con más de cuarenta medidas concretas. Es un buen punto de partida para afrontar una demanda clave que siempre se había ido posponiendo.
Nos congratulamos también de que la Consejería por fin haya autorizado expresamente a partir de este este curso la celebración telemática de las reuniones de los equipos docentes (excepto la última sesión de evaluación del curso), pues ha supuesto una mejora organizativa, aportando flexibilidad y reduciendo desplazamientos innecesarios.
Se trata de reivindicaciones históricas que, gracias a un trabajo sindical serio, constante, exigente y constructivo han ido siendo asumidas por la Administración educativa.
No obstante, ANPE considera que el curso ha dejado también aspectos negativos. Entre ellos, destacamos la insuficiente inversión en los presupuestos educativos y en el nuevo plan estratégico de infraestructuras. La financiación se ha alejado aún más del 5% del PIB establecido como umbral mínimo en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, lo que limita seriamente la capacidad del sistema público para responder a los retos actuales. Insistimos en la necesidad de incrementarlos y de cumplir los compromisos pendientes con el profesorado, como el abono de los meses de verano al personal interino, la actualización de los complementos de cargos directivos, tutorías y coordinaciones, o la implantación de complementos para otras funciones.
Lamentamos, asimismo, la falta de medidas institucionales que visibilicen y pongan en valor la labor docente. No puede continuar la tendencia de hacer recaer sobre el profesorado todos los problemas sociales, como se ha evidenciado este curso con un tema tan delicado como el del riesgo suicida, con un protocolo que nos asigna funciones que deben estar reservadas a profesionales sanitarios. En esta línea, valoramos que se haya registrado en el Parlamento una proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, pero recuerda que debe ir más allá de lo simbólico y traducirse en medidas de protección y apoyo reales.
Atención a la diversidad
Tampoco se han producido avances suficientes en la atención a la diversidad, que compensen con nuevos recursos el elevado ritmo de incremento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Continuamos defendiendo reducciones adicionales de ratios ajustadas al número de NEAE por aula y confíamos en que la actualización de la normativa en esta materia se vea acompañada de más medios.
En cuanto a los problemas en Formación Profesional derivados de la escasa asignación horaria al profesorado para funciones esenciales en estas enseñanzas, es cierto que a partir del segundo trimestre se han ido logrando acuerdos que han mejorado la situación, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Respecto a las oposiciones de este año, cuya primera prueba se celebra mañana en las especialidades del cuerpo de maestros y de secundaria, y teniendo en cuenta los resultados del concurso de méritos de estabilización, es fundamental que los procesos no perjudiquen al profesorado interino con experiencia en centros públicos de Canarias. Por ello, reclamamos a la Consejería medidas específicas para asegurar la continuidad laboral del personal docente que se encuentra en esa situación.
Por último, ANPE Canarias lamenta que la capacidad de diálogo que la Consejería ha mostrado en diferentes temas no se haya mantenido para negociar las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros para el próximo curso. La Administración no ha dado a esta negociación ni la importancia ni el tiempo necesarios, y no ha tenido la flexibilidad suficiente para aceptar aportaciones valiosas de la representación del profesorado.
