La futura ley autonómica de reconocimiento de la autoridad del profesorado debe traducirse en protección real, respaldo institucional efectivo y mejora de las condiciones laborales del colectivo docente. Así lo ha defendido ANPE en el Parlamento de Canarias, donde hemos reclamado que la norma vaya más allá de una declaración simbólica y establezca medidas concretas.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, que acudió acompañado de la vicepresidenta, María Perera, compareció este lunes en la comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Parlamento de Canarias para trasladar la posición de nuestra organización sindical sobre la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado que se tramita actualmente en la Cámara autonómica.
Durante nuestra intervención, valoramos positivamente la iniciativa legislativa, al considerar que supone un paso importante en el reconocimiento institucional de la labor docente. No obstante, advertimos de que la norma solo será realmente útil si va más allá de lo meramente declarativo e incluye medidas específicas, aplicables y eficaces que garanticen una protección real del profesorado.
La condición de autoridad pública del docente ya está reconocida en la legislación estatal, por lo que el debate no debe centrarse en el reconocimiento formal, sino en asegurar que dicho reconocimiento se traduzca en respaldo efectivo, protección jurídica ágil y confianza institucional.
En la comparecencia, expusimos la realidad que vive el profesorado en Canarias, marcada por un aumento del malestar profesional, la sobrecarga burocrática, la presión asociada a la evaluación y las situaciones de conflictividad en los centros, así como por la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010. A través de nuestro servicio El Defensor del Profesor, hemos constatado además un incremento sostenido de los casos de conflictividad atendidos en los últimos años, así como un impacto significativo de estos en la salud emocional del colectivo.
Aportaciones
Desde ANPE Canarias pusimos sobre la mesa la necesidad de reforzar el contenido de la ley en cuatro ámbitos fundamentales: protección jurídica y psicológica inmediata y efectiva; respaldo institucional real; mejora de las condiciones laborales; y reconocimiento social.
Así, planteamos la necesidad de simplificar los protocolos actuales de atención al profesorado víctima de agresiones y acoso, garantizar que un docente agredido no se vea obligado a continuar dando clase a su agresor, reforzar la presunción de veracidad del profesorado en el ejercicio de sus funciones y garantizar el respeto a su criterio técnico.
De igual forma, recalcamos la importancia de que el personal docente recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos quince años, de que se actualicen los complementos retributivos y de que se reduzca la temporalidad, y reclamamos campañas públicas que visibilicen la aportación del profesorado y refuercen la colaboración entre familias y centros educativos.
Subrayamos que “la autoridad profesional no se proclama, se garantiza”, y recordó que autoridad “no es sinónimo de autoritarismo”, sino que es la legítima atribución profesional del docente para dirigir el aula, gestionar la convivencia y aplicar normas con respaldo institucional. En este sentido, insistió en que el profesorado no pide privilegios, sino respeto, respaldo y coherencia entre la responsabilidad que asume y la protección que recibe.
El presidente de ANPE Canarias finalizó su intervención subrayando que la mejora de la consideración social y de las condiciones del profesorado no constituye una demanda corporativa, sino un objetivo colectivo de la sociedad. “Cuidar al profesorado es cuidar la educación, y cuidar la educación es cuidar el futuro de Canarias”, concluyó.
Puedes ver las intervenciones en el siguiente enlace: www.parcan.es/video/jornada/57426/ (Pedro Crespo: min. 2:18 y 1:09:00)
También puedes consultar el texto completo de nuestra intervención en el archivo adjunto.