Reclamamos diálogo y consenso a la nueva consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas. Felicitamos a la nueva responsable del área, cuyo nombramiento ha sido anunciado hoy en Consejo de Gobierno por el presidente Ángel Víctor Torres, y esperamos que su experiencia en el ámbito educativo -fue viceconsejera entre 2011 y 2015- sea un factor decisivo para afrontar con éxito el desafío que entraña la vuelta a las aulas en estos tiempos, pero también el resto de asignaturas que tiene pendientes el Archipiélago en materia educativa.
Solicitaremos una reunión lo antes posible con De Armas -previsiblemente tomará posesión el lunes 22- para abordar todos los asuntos relacionados con la desescalada educativa y encarar el próximo curso con garantías para toda la comunidad educativa. Sin embargo, requerimos también que se diseñe un calendario de negociaciones regulares para tratar numerosas problemáticas que afectan a la educación pública canaria.
Es imprescindible atender lo urgente, pero también todo aquello que es importante y que las administraciones educativas llevan tiempo postergando.
Desescalada educativa
Advertimos de que la recuperación de la actividad educativa presencial obliga a una transformación profunda de los centros educativos. La nueva realidad no puede abordarse en las mismas condiciones que rigen hasta el momento. El déficit de plantilla que ya existía se ha evidenciado aún más ahora que debemos rebajar las ratios por recomendación sanitaria.
Consideramos que la Consejería debe poner en marcha un ambicioso plan de digitalización que dote de dispositivos y conexión a internet a todo el alumnado y de una plataforma web única para toda la comunidad educativa. Asimismo, es prioritario que se impulse y se incremente la oferta formativa para el profesorado enfocada a la enseñanza digital. Si hay un rebrote a partir de septiembre tenemos que estar preparados para que ningún alumno se quede atrás.
Con respecto a las infraestructuras educativas, desde ANPE Canarias recordamos que hace varias semanas requerimos a la Administración un estudio de las instalaciones, con el fin de conocer las necesidades de cada centro y habilitar, en la medida de lo posible, espacios alternativos.
Por último, insistimos en que todos estos cambios deben llevar aparejados un incremento significativo de las plantillas docentes, ya diezmadas antes de que se declarara la pandemia por el Covid-19.
Reivindicaciones “estructurales” en materia educativa
Por otro lado, recordamos que, más allá de las reivindicaciones urgentes, Canarias debe efectuar cambios estructurales en el sistema educativo para mejorar su calidad.
En ese sentido, plantearemos a la nueva consejera las siguientes demandas:
• Horario de 23 horas semanales para el Cuerpo de Maestros
• Reducción de la carga burocrática
• Reducción de las ratios alumno/profesor
• Atención al alumnado con necesidades educativas especiales y apoyo idiomático en los sures de las islas
• Desarrollo de la norma para asistencia jurídica y psicológica del profesorado agredido
• Regulación de las listas de empleo
• Recuperación del 1 de septiembre para interinos y funcionarios en prácticas
• Desaparición de barracones y mantenimiento de los centros educativos
• Apuesta real (con los ajustes necesarios) por la FP Dual y que la oferta de Formación Profesional no esté condicionada por la disponibilidad presupuestaria derivada de las enseñanzas obligatorias, como ha ocurrido tras la aplicación de las 18 horas lectivas en Educación Secundaria
• Apertura de nuevos espacios de diálogo que den voz y protagonismo a los docentes
• Apuesta por la educación de 0 a 3 años, sin que suponga un menoscabo de la inversión en el resto de las enseñanzas
• Recuperación de la autonomía y la participación en los centros educativos (claustro de profesores y consejos escolares).
Todo ello, por supuesto, debe venir acompañado del compromiso adquirido por el propio presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, que en su discurso de investidura hizo referencia a la necesidad de alcanzar, al menos, el 5% del PIB en inversión educativa, tal y como marca la Ley Canaria de Educación. Ese objetivo, plasmado en una norma que fue fruto de una iniciativa legislativa popular, y cuyo horizonte temporal es 2022, debe entenderse como irrenunciable para toda la sociedad canaria.