Desde ANPE Canarias calificamos de “impresentable” que la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias haya ignorado deliberadamente a los sindicatos y no haya permitido que hagamos ni una sola aportación de cara a planificar el final de este curso y el comienzo del próximo. Denunciamos que el departamento que dirige María José Guerra se comprometió el jueves a enviar a las organizaciones sindicales un borrador de las instrucciones para que pudieran estudiarlo durante el fin de semana y hacer sugerencias al textoen la próxima mesa técnica, pero hoy, sin previo aviso, Educación decidió saltarse la negociación y publicarlas.
La resolución de Canarias va en sintonía con la orden publicada por el Ministerio de Educación y FP también hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y establece las instrucciones para la finalización del curso actual y el comienzo del próximo en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias (puedes acceder a ella en este enlace).
La decisión unilateral de la Administración nos parece una falta de respeto enorme hacia el profesorado, que está haciendo un esfuerzo tremendo por atender a su alumnado en unas circunstancias complicadísimas. Creemos que en cualquier momento, pero más en el que estamos viviendo, es deber de los responsables políticos escuchar la voz de los docentes. Tenemos mucho que decir sobre cómo gestionar esta situación, pero la Consejería ha decidido ignorarnos. Se nos pide apoyo y compromiso y esta es la respuesta que recibimos: un ataque directo al profesorado de la escuela pública.
El texto determina que la promoción de curso será generalizada en el alumnado y elimina el límite de materias o ámbitos no superados fijados para cada etapa educativa, salvo excepciones muy justificadas por el equipo educativo. Esta medida, también incluida en el texto ministerial, va en contra de la LOMCE, que es una ley orgánica y, por tanto, solo puede modificarse con la mayoría absoluta del Congreso. La inseguridad jurídica que se crea ahora es inaceptable.
En ANPE Canarias consideramos que estas instrucciones pueden generar varias consecuencias muy desafortunadas para la enseñanza pública. En primer lugar, al ignorar los límites fijados para la promoción de curso por la normativa vigente, la decisión de repetir o no descansará únicamente en las espaldas de cada equipo educativo, sin restricciones ni límites de ninguna clase, por lo que en un centro se podrá obligar a repetir con tres materias pendientes, mientras que en otro se pasará de curso con seis o incluso más. Además, al publicarse estas instrucciones en el día de hoy, tendremos muchas dificultades para mantener la atención y el esfuerzo de sus alumnos durante esta improvisada enseñanza online que, con tanto sacrificio personal, tratamos de impartirles los docentes cada día.
Programas de refuerzo sin apoyos ni recursos
La resolución publicada por la Consejería de Educación establece que las programaciones del curso 2020/2021 deberán adaptarse a las circunstancias del curso actual y que se deberán tomar las medidas oportunas de atención a la diversidad, individual o grupal, orientadas a responder a las necesidades de cada alumno. Para ello, según el texto, se tendrá que elaborar un plan específico de recuperación para el alumnado que lo precise. Compartimos la necesidad de poner en marcha todas las actuaciones de apoyo necesarias para atender al alumnado vulnerable, pero alertamos de que para ello es indispensable el aumento de las plantillas docentes, de forma que se pueda contar con profesorado de apoyo y se flexibilicen grupos, pero ninguna de esas medidas ha sido tenida en cuenta por el momento por la Administración Educativa.
El Ministerio siembra la inseguridad jurídica
Además, desde ANPE Canarias describimos como un “dislate normativo y jurídico” la orden dictada por el Ministerio de Educación referente, también, a la tercera evaluación y la finalización del curso. No podemos ni debemos asumir que se contradiga el marco legislativo común vigente, que, aunque no sea el mejor, no deja de ser de obligado cumplimiento, añade Crespo.
La orden ministerial genera confusión e inseguridad jurídica, ya que vulnera los principios y competencias básicas que tiene reconocidos el Ministerio de Educación y Formación Profesional de acuerdo con los criterios de promoción y titulación según se establecen en la Ley de Educación y los tres reales decretos 126/2014, 1104/2014 y 562/2017.
La normativa publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) refleja una serie de acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación de obligado cumplimiento solo para las comunidades autónomas que los suscriban, y recoge que serán estas las que, en la ESO y el Bachillerato, podrán flexibilizar los criterios de promoción y titulación, sin tener en cuenta las limitaciones que afecten al número de áreas pendientes.
Esta discrecionalidad de las autonomías hace que, a nuestro juicio, la orden publicada hoy, además de conculcar los valores de esfuerzo, mérito o igualdad de oportunidades en el alumnado, agrande la brecha ya existente en el territorio nacional y reste valor al trabajo que nuestros docentes están realizando con esfuerzo, dedicación y gran profesionalidad.
Debemos tener en cuenta que los docentes precisamos instrucciones objetivas, claras y concisas para poder realizar nuestro trabajo adecuadamente, pues la libre interpretación genera inseguridad jurídica y menoscaba el liderazgo pedagógico y autoridad académica con nuestros alumnos, la libertad de cátedra y la autonomíade los centros. Según esta orden, y las que han publicado ya las comunidades autónomas, hay una diferencia sustancial entre los criterios de promoción y titulación dependiendo del territorio en el que vivan los alumnos.
Un estado de alarma no puede ser la excusa para la vulneración del actual marco normativo, puesto que esto desvirtúa la función docente y atenta contra el principio de igualdad de oportunidades del alumnado.