Obligar al profesorado a volver a las aulas no es la solución. Prohibírselo, tampoco lo es. Casi cinco de cada diez docentes de las Islas piensan que solo debe regresar a los centros educativos el profesorado voluntario, mientras que el 39,6% considera que debe prohibirse que se retome la actividad presencial y solo el 12,5% está de acuerdo con que se incorpore toda la plantilla.
Estos resultados forman parte de la segunda encuesta que hemos realizado desde ANPE Canarias para conocer la opinión de los docentes ante una posible reapertura de las instalaciones docentesantes del mes de septiembre y que ha tenido una acogida masiva: 4.188 profesionales, de todas las islas y cuerpos docentes, han cumplimentado el cuestionario.
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Los compañeros de ANPE Canarias nos sentimos muy agradecidos por el alto grado de participación de esta encuesta, que ha batido un récord y que permite tener una imagen del sentir del profesorado de Canarias en estas circunstancias excepcionales. Consideramos que en el momento que estamos viviendo, las administraciones educativas tienen el deber de escuchar más que nunca, si cabe, la voz del profesorado. Durante el período de confinamiento, los docentes hemos demostrado, una vez más, nuestro enorme compromiso y vocación, sorteando todas las dificultades para asegurar la continuidad pedagógica. Sin embargo, a pesar de nuestro esfuerzo, las administraciones educativas han tomado decisiones sin escuchar a los legítimos representantes de los docentes, lo que ha generado indignación y situaciones caóticas.
Desde ANPE Canarias nos sumamos a la voz mayoritaria del profesorado canario y exigimos que no se obligue a ningún docente a acudir a su centro educativo antes del próximo curso, dadas las dificultades que existen para evitar que haya un rebrote de la enfermedad.
El último anuncio del Ministerio -retomar la docencia presencial en determinados supuestos antes de septiembre- ha llegado sin negociación previa y sin protocolos para hacerlo con garantías de seguridad.
En ese sentido, los docentes que han participado en la encuesta han confirmado algunas de las hipótesis que manejábamos sobre las dificultades logísticas que implicaretomar la actividad lectiva presencial al tiempo que se mantienen todas las medidas de prevención del contagio establecidas por las autoridades sanitarias. El 53% sostiene que no es posible adaptar su centro para cumplir con estas medidas, ya que no dispone de aulas suficientes ni adecuadas para mantener la distancia social mínima, y el 42,3% advierte de que esta adaptación solo será viable si las ratios alumno profesor son inferiores a 15.
Sobre la posibilidad de implantar a partir de septiembre en el Archipiélago un sistema de enseñanza semipresencial en el que los alumnos alternen la asistencia a las aulas con la formación telemática, casi 6 de cada diez (57,9%) ve inviable hacerlo por regla general,a excepción de en alguna etapa educativa en concreto. En cambio, el 42,1% entiende que sería posible acometer esta adaptación si se dotase de los medios necesarios a toda la comunidad educativa.
En relación a la disponibilidad de recursos dos meses después de que se suspendieran las clases presenciales, solo el 11,9% del profesorado asegura que todo su alumnado cuenta con los dispositivos tecnológicos necesarios para seguir el curso.
En cuanto al profesorado, seis de cada diez docentes contaban con los medios indispensables para llevar a cabo su labor de forma telemática antes de que empezara el confinamiento, pero el 20,5% tuvo que adquirirlos para llevar a cabo su trabajo y el 17,8% afirma que continúa limitado de recursos tecnológicos para trabajar en casa.
De cara al próximo curso, el 33% de los docentes piensan que la Consejería debe priorizar la formación sobre enseñanza telemática para que el profesorado pueda desarrollar su labor “online” en condiciones adecuadas y el 29% demanda que se habiliten aplicaciones específicas para ello.
Sobre la flexibilización de la promoción y titulación en estas circunstancias excepcionales, el 52% coincide en que no fue acertada la decisión, puesto que los criterios existentes eran suficientes. El 31%, en cambio, está de acuerdo con la medida y estima que de esta forma se garantizará la promoción y la titulación. Por último, el 17% considera que al final será el equipo directivo el que tenga la última palabra.
La imposición de no avanzar en los aprendizajes en el tercer trimestre es algo positivo para el 39% porque evita el aumento de desigualdades. Sin embargo, casi la mitad -el 48%- sostiene que esta decisión ha de ser competencia del docente, que debe tener en cuenta las características de su grupo educativo.
Los docentes tienen claro cómo debe ser el futuro inmediato. Para afrontar el próximo curso escolar y compensar en lo posible los déficits de la tercera evaluación, el 95% de los docentes asegura que será imprescindible el aumento de la plantilla, la disminución de las ratios y la formación del profesorado.
Propuestas concretas de los docentes
En la encuesta consideramos oportuno abrir un espacio para que los docentes pudieran hacernos llegar propuestas concretas de cara a trasladárselas a la Administración. Hemos recibido 1.552 respuestas, la mayoría relacionadas con la falta de formación, protocolos sanitarios y medios de protección.
Todas las propuestas ponen en evidencia la gran incertidumbre que hay entre el profesorado canario ante el futuro más inmediato y reclaman más celeridad y comunicación fluida por parte de la Administración.
A continuación tienes un resumen de las propuestas que más nos han planteado los compañeros, que se unen amuchas otras que refuerzan las preguntas planteadas en la encuesta:
1. Implantación de protocolos y medidas de seguridad y protección adecuadas para profesorado y alumnado.
2. Dotación de material informático y conexión a internet tanto al profesorado como al alumnado para así poder trabajar y seguir la docencia desde casa.
3. Formación al profesorado, las familias y el alumnado en el uso de las herramientas de formación online.
4. Docencia semipresencial a principio de próximo curso y siempre que exista riesgo de contagio.
5. Adaptación de las infraestructuras a la nueva situación y desinfección de éstas.
6. Instrucciones claras de la Consejería de Educación y planificación de las acciones a seguir ante los diferentes escenarios que se puedan producir en los próximos meses.
7. Que los docentes de riesgo, por sufrir patologías, puedan impartir docencia online y no tengan que ir a los centros hasta que la situación sea segura o que no tengan contacto con alumnos.
8. Disminución de la burocracia. Posibilitar que el procedimiento de matrícula y trámites que puedan hacerse de manera telemática, en la medida de lo posible.
9. Prórroga de las matrículas de comedor y transporte para el próximo curso.
10. Contratación de profesionales informáticos que formen a los docentes (y a las familias que lo necesiten) y realicen tareas de mantenimiento de equipos, en la impartición de docencia online.
11. Consultar con los centros, es decir, familias y profesorado, las necesidades concretas del centro y la manera de dar respuestas.
12. Que el profesorado imparta docencia en el mínimo número posible de grupos.
13. En las clases presenciales, que los recreos se hagan en horario y espacio diferente intentado evitar gran número de alumnos juntos.
14. No incorporación del alumnado de NEE hasta que las posibilidades de contagio sean nulas.
15. Medidas concretas para los Conservatorios por las características especiales de las enseñanzas que se imparten.
16. Elaboración de un plan de acción tutorial online que establezca directrices de tutorización y monitorización del alumnado en situaciones de docencia online, que incluya medidas específicas para el alumnado con dificultades de seguimiento derivado de la falta de recursos digitales, en situación de exclusión social y con necesidades educativas especiales.
17. Incorporación en las programaciones didácticas de una planificación en la modalidad online de la asignatura, que permita un buen seguimiento de la misma en caso de un nuevo cierre.
18. Plan de formación específico orientado a desarrollar la competencia digital del alumnado, que incluya manejo instrumental y didáctico de las herramientas digitales, acceso y uso de plataformas educativas, y formación sobre usos responsables y peligros de las tecnologías (ciberacoso, fake news, fraude, etc.).
19. La Administración debe hacer convocatorias específicas de dotación tecnológica a los centros, elaborar planes de préstamos y cesión de dispositivos electrónicos, para alumnado y profesorado, continuar con la formación voluntaria del profesorado orientado al fortalecimiento de la competencia digital docente (prácticas pedagógicas virtuales, dinámicas de colaboración entre docentes, elaboración de material), convocatorias de proyectos de innovación en los centros, protocolos de seguimiento del alumnado y protocolo de seguimiento y monitorización del alumnado.
20. La inspección debe priorizar como elemento central el apoyo a los centros y a los docentes y, desde los marcos legales que establezca la Administración educativa, ofrecer orientación, recursos y flexibilización del marco normativo para que los centros, en el ejercicio de su autonomía, puedan ofrecer medidas acordes con las necesidades de sus alumnos y familias.
21. Permitir que si un centro no ha finalizado su plan de formación del profesorado, y por tanto las horas no le dan para certificar (mínimo de horas), estas se incorporen en el porfolio del docente para el próximo curso.
22. Crear un servicio informático de apoyo para las familias.
23. Que se garantice la seguridad digital de la información. En otras consejerías se han habilitado los controles remotos a los ordenadores de los puestos de trabajo, lo que conlleva una mayor seguridad digital. Los docentes deben contar con un ordenador de trabajo en el centro escolar que reúna las características necesarias tanto para desarrollar el trabajo in situ como el teletrabajo, cumpliendo este con las características de hardware y software de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Comunidad autónoma de Canarias, accediendo al mismo a la hora del teletrabajo mediante un servicio de VPN y el servicio de escritorio remoto.