Los docentes llevamos reinventándonos desde que existe nuestra profesión, pero de un tiempo a esta parte se nos está exigiendo, además, que asumamos incontables responsabilidades que van mucho más allá de nuestra labor y que exceden nuestros conocimientos y, por supuesto, nuestro horario laboral. En plena pandemia, lejos de valorar nuestra implicación, se nos está intentando imponer cada vez más funciones extras que, de materializarse, pueden suponer una vulneración de nuestros derechos laborales.
Desde que empezaron las clases dentro de la “nueva normalidad”, nuestro sindicato ha recibido numerosas quejas por parte de compañeros que desempeñan su trabajo en centros educativos y que están viéndose superados por las circunstancias. Las últimas denuncias han acabado con nuestra paciencia. Tanto directores como resto de docentes nos aseguran que se les está exigiendo la realización de labores que nada tienen que ver con su profesión.
Por un lado, varios equipos directivos nos han trasladado que han sido requeridos para, en horario no lectivo, hacer entrega de alimentos a las familias especialmente vulnerables y afectadas por esta crisis a raíz de unos convenios firmados por algunos cabildos. Los docentes somos muy conscientes de la situación tan dura que está viviendo un gran número de alumnos, pero no podemos asumir, también, la atención social que necesitan estas personas. Existe una Consejería de Derechos Sociales -con su correspondiente personal- que debe encargarse de este cometido.
Por otro lado, también se nos ha asegurado que se ha pedido que los coordinadores covid trabajen los fines de semana. No es suficiente con que no exista un servicio de enfermería escolar, sino que ahora parece que se pretende que estos docentes, además de ejercer un trabajo para el que no tienen toda la formación necesaria, aumenten su horario laboral sin negociación alguna y sin compensación alguna.
Por último, los compañeros que trabajan en los centros también nos han advertido de que se les está exigiendo que se encarguen de gestionar las becas que conceden algunos cabildos, para lo que se les ha enviado un comunicado desde la corporación insular en el que indican que las familias deben llevar al centro educativo la documentación pertinente y que el centro ha de registrarla electrónicamente. Parece mentira que tengamos que recordarlo, pero los docentes no somos trabajadores del Cabildo, sino de la Consejería de Educación.
Todas estas situaciones han sido puestas en conocimiento de la consejera, Manuela Armas, a quien le hemos exigido que tome las medidas oportunas para evitar este trato denigrante hacia los docentes. No solo no se está valorando el enorme esfuerzo que estamos haciendo para mantener el virus controlado en condiciones nada favorables y prácticamente sin medios, sino que, además, se pisotean nuestros derechos laborales. Ya está bien.
