La Junta de Personal Docente de Santa Cruz de Tenerife demanda más recursos y mejor gestión para la educación de Canarias. El órgano de representación del profesorado, reunido hoy en pleno, ha considerado 16 resoluciones en las que, entre otras cosas, insta a la Consejería de Educación a mantener los nombramientos COVID todo el curso, a realizar test PCR al profesorado con más rapidez, a dotar de mascarillas y material de protección a todo el personal y a no exigir al profesorado desempeñar funciones no docentes o ampliar su horario -especialmente equipos directivos y coordinadores COVID-, además de a dar cumplimiento a cuestiones pendientes de antes de la pandemia.
En la actualidad, se está exigiendo que los equipos directivos entreguen cestas de comida a familias vulnerables y que los coordinadores covid trabajen los fines de semana, algo que no ha sido negociado ni consensuado con los sindicatos y que supone una vulneración de los derechos de los trabajadores, advierten desde la Junta de Personal.
El órgano reclama liderazgo a la Administración Educativa para afrontar la crisis sanitaria de manera prioritaria, pero también para atender otras carencias que arrastra desde hace años el sistema público. La Junta las consciente de que hay que responder en primera instancia a las urgencias de estos tiempos y de que hay muchos aspectos que deben mejorarse para afrontar la pandemia; ahora mismo no se están respetando todas las condiciones laborales del profesorado ni todas las normativas de prevención de riesgos laborales, algo que es extremadamente grave y debe remediarse. Sin embargo, al mismo tiempo, no podemos olvidar que la enseñanza pública presenta muchos déficits que ya existían antes de este año y que deben ser corregidos. Hay que dar respuesta a las urgencias, pero también mirar a largo plazo.
En este sentido, la Junta de Personal de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado otras resoluciones en las que solicita negociar las especialidades incluidas en la próxima convocatoria de oposiciones, poner en marcha la normativa de profesorado agredido, promover un incremento mayor de los presupuestos de 2021 para educación, potenciar la autonomía de los claustros, crear un departamento propio para el profesorado de Formación Profesional Básica, negociar un nuevo sistema de listas de empleo, implementar mejoras laborales para la Inspección Educativa, corregir las irregularidades en el abono de sexenios, rebajar el horario de los docentes del Cuerpo de Maestros y adecuar el desarrollo horario del profesorado.
Los integrantes de la Junta insisten en que es conveniente más apoyo al profesorado para llevar a cabo su trabajo, que en plena pandemia se ha visto incrementado sin recibir, a cambio, ayuda complementaria. Además, reitera que deben respetarse las condiciones laborales y el horario de trabajo, sin exigir al profesorado que lleve a cabo tareas fuera de su jornada laboral que, en muchos casos, no se circunscriben al ámbito docente.
El profesorado está haciendo un esfuerzo enorme para mantener la actividad docente, pero lo está haciendo sin el apoyo necesario de la Administración. Además de solucionar todos los errores y carencias que siguen dándose en este sentido, debemos reactivar la negociación sobre aspectos clave para el profesorado que ya habíamos puesto sobre la mesa antes de que comenzara la crisis sanitaria.
Por otro lado, la Consejería sigue sin adaptar el puesto de trabajo del personal especialmente sensible, algo que está poniendo en riesgo a miles de profesionales. Por ello, la Junta también ha incluido entre las resoluciones una en la que reclama a la Consejería que Quirón Salud, la empresa encargada de la prevención de riesgos, vuelva a evaluar con rigor el estado de salud de los profesionales y proponga las adecuaciones necesarias para que realicen su trabajo con seguridad.
Con respecto a los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma, que aún están pendientes del trámite parlamentario y de la presentación de enmiendas, la Junta exige una inversión más significativa. Los incrementos presupuestarios que se determinen deben verse reflejados exclusivamente en las partidas destinadas a la enseñanza pública y deben ir específicamente destinados a la disminución de las ratios, la reducción de los horarios lectivos del profesorado, la redistribución de apoyos educativos en los centros para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y la prevención de riesgos laborales. Más allá de fijar un tope porcentual, que puede desvirtuarse en una crisis como esta, el órgano solicita un aumento de la inversión real que atienda otros criterios, como los anteriormente citados.
