Desde ANPE Canarias plantearemos mañana, en mesa técnica, una serie de modificaciones a borrador de la orden para regular el sistema de constitución y ordenación de listas de empleo remitido por la Administración.
La intención de la Consejería es establecer un sistema compuesto por tres bloques. A la hora de constituir las listas de interinos, según su propuesta, en el bloque 1 estarían todas aquellas personas con 5 años o más de trabajo en centros públicos de Canarias, en el bloque 2 los que tengan menos de 5 años de experiencia y en el bloque 3 el resto. Además, las listas se reordenarían cada final de curso y cada vez que hubiera oposiciones, pero no afectaría a los integrantes del bloque 1 (estos solo promocionarían un 50% en caso de aprobar la oposición y no obtener plaza).
Nuestras principales reivindicaciones son las siguientes:
- Que para formar parte del bloque 1 se tenga en cuenta la experiencia total en centros públicos de Canarias, es decir, en todas las especialidades, siempre que se tenga antigüedad en la pertenencia en las listas.
- Que formen parte del bloque 2 todos aquellos docentes que hayan trabajado en centros públicos de Canarias.
- Que los efectos de la reordenación de listas no entren en vigor hasta el curso 2022/2023 y que el tiempo que se tenga en cuenta para establecer el orden en la lista se amplíe lo máximo posible.
- Que en el bloque 1 estén todos aquellos con 3 o más años trabajados, en vez de cinco o más.
ANPE y el resto de sindicatos llevamos meses negociando con la Consejería un sistema de listas que dé estabilidad al profesorado interino que cada año requiere la Administración para cubrir puestos vacantes. Entendemos que esta demanda se debe cubrir, por supuesto, pero con todas las garantías para los docentes interinos y sustitutos.
En la actualidad, existe un decreto que regula el procedimiento de constitución y ordenación de listas de empleo, el Decreto 74/2010. El rechazo unánime de todo el sector ha hecho que se derogue a través de distintas disposiciones adicionales recogidas en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma. La ley actual establece que este año ha de acordarse un nuevo sistema.