Hemos tenido conocimiento de que a unos 90 compañeros interinos que estuvieron de baja el curso pasado no se les permitió ayer, 1 de septiembre, tomar posesión de sus puestos de trabajo. La Consejería ha remitido un escrito a los centros en el que indica que hasta que estos profesionales no cuenten con informe favorable de la Comisión de Evaluación Médica de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias no podrán tomar posesión.
Según nos informan, esta decisión, que rechazamos tajantemente, se ha tomado simplemente porque el curso pasado estos compañeros permanecieron de baja durante un tiempo prolongado y la Administración ha entendido que deben contar previamente con el visto bueno de este servicio.
Para que pueda ser llevada a cabo dicha valoración, los afectados deberán ponerse en contacto con la Inspección Médica, donde se les indicará el procedimiento a seguir, en los siguientes teléfonos de contacto: 922 922 386 y el 922 592 095.
Como segunda opción, y en caso de que no puedan contactar con esos teléfonos, recordamos cuáles son las direcciones de los correos habilitados para tramitar bajas y/o altas en la actualidad: bajasdoc.educacion@gobiernodecanarias.org.
Para ANPE Canarias es inadmisible el trato que están recibiendo estos compañeros: se trata de una vulneración evidente de sus derechos laborales. Todos podemos enfermar y no por eso debemos ser objeto de sospecha.
Además, exigimos que este procedimiento se haga con la mayor celeridad posible, puesto que supone un grave perjuicio económico y laboral para los afectados.
Si estás en esta situación y necesitas ayuda para defender tus derechos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tenemos experiencia en situaciones similares. Por desgracia, no es la primera vez que esto ocurre: escenas así ya las han vivido otros compañeros en cursos pasados y ANPE les ha prestado su ayuda en todo momento. De hecho, en varias ocasiones los servicios jurídicos de nuestro sindicato han tenido que intervenir y la justicia ha terminado obligando a la Administración a reconocer la antigüedad y abonar el salario a estos docentes desde el 1 de septiembre, fecha en la que debían haberse incorporado a sus puestos de trabajo, algo que, sin embargo, no se les permitió.