En la mañana de hoy hemos asistido a una mesa sectorial con la Administración y el resto de los sindicatos, con la intención de concretar la oferta de la oferta pública de empleo de 2021 en Canarias. La oferta por cuerpos que han planteado es la siguiente:
- Profesores de Enseñanza Secundaria: 1.467
- Maestros: 1.595
- Técnicos de F.P. Y otros cuerpos: 269
- Profesores de EOI: 59
- Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 93
- Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: 1
- Profesores de Música y Artes Escénicas: 151
- Inspectores de Educación: 13
Ahora, tal como marca la ley, el gobierno debe publicar las plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). A partir de ese momento dispondrá de 3 años para convocar estas plazas, de forma que podrá decidir cuántas plazas y de qué especialidad convoca cada año, en función de las necesidades y circunstancias que se vayan dando.
La Administración ha confirmado que en la práctica totalidad de las comunidades autónomas se convocarán oposiciones al cuerpo de Maestros en 2022, motivo por el cual es indispensable convocarlas en Canarias para evitar un efecto llamada a posteriori. La postura de ANPE, como ya ocurrió en la convocatoria celebrada este mismo año está condicionada a las convocatorias en otras comunidades autónomas.
La Consejería ha incluido en la oferta plazas para Inspección, una decisión que, entendemos, también debe estar condicionada a la intención del resto de comunidades de convocar plazas de este cuerpo.
Sin embargo, hemos rechazado rotundamente que se incluyan plazas de conservatorios en esta OPE. Los docentes que imparten docencia tanto en el conservatorio profesional como en el superior llevan más de veinte años sin tener opción a presentarse a unas oposiciones porque no se han convocado. Esta circunstancia diferencia a este profesorado perteneciente al resto de cuerpos. Además, no podemos olvidar que estamos pendientes de concretar un marco jurídico específico para las enseñanzas del conservatorio, tal y como marca la Ley Canaria de Educación, y ello podría conllevar implicaciones directas para el profesorado.
