Las consecuencias negativas de esta sexta ola se suman a los perjuicios que ya habían causado el cierre de los centros escolares en marzo de 2020 y las cuarentenas aplicadas por la aparición de brotes en las aulas una vez recuperada la actividad lectiva presencial.
Por ello, la Administración debe incorporar a más profesorado para reforzar la formación del alumnado y paliar los déficits formativos generados durante estos dos años tan complicados.
Podemos entender que debe flexibilizarse en parte la promoción del alumnado, pero esa no debe ser la única fórmula que se articule. No tiene sentido favorecer el progreso de curso si no garantizamos que el alumnado adquiere los contenidos y las competencias exigidas para el nivel educativo en el que se encuentra.
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Efectos en la salud del profesorado
Por otro lado, la encuesta señala que hasta un 81,6% de los docentes percibe que el aumento de la carga de trabajo y la situación derivada de la última ola de la pandemia han tenido mucha incidencia en la salud del profesorado, en tanto que un 16,2% afirma que ese impacto ha sido poco y un 2,2% no ve ninguna incidencia en este aspecto.
En el cuestionario se pide a las personas encuestadas que sitúen en una escala del 1 al 5 la sobrecarga de trabajo sufrida en este tiempo: el 44,7% la puntúa con un 5 (la máxima puntuación, que indica mayor sobrecarga), el 35,5%, con un 4, y el 11,8%, con un 3, mientras que solo un 4,1% y un 3,8% la miden con un 1 y con un 2, respectivamente.
El 54,6% de las personas encuestadas señala que en su centro se han producido más de 5 bajas desde el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad; el 22,2% indica que ha habido entre 3 y 5; y el 22,1%, que entre 1 y 3. El 72,4% aseguraba -en esos momentos inmediatamente posteriores a la vuelta a clase- que la Consejería no estaba cubriendo las bajas como correspondía y el 16,9% apuntaba que solo a veces, mientras que un 4% mantenía que sí y un 6,7%, que casi siempre.
El porcentaje de docentes que informan de que su centro ha tenido que implementar el plan de sustituciones cortas para cubrir la falta de profesorado se eleva hasta el 86,7%. En este sentido, un 68,4% del personal directivo encuestado asevera que este plan ha tenido un efecto muy negativo porque no ha permitido impartir docencia con normalidad.
El plan de sustituciones cortas -concebido para situaciones excepcionales- permite cubrir las bajas del profesorado con los docentes ya presentes en el centro, reestructurando los horarios a costa de eliminar tareas como tutorías, atención a la diversidad y otros programas.
Asimismo, destaca el alto grado de apoyo a la postura de ANPE Canarias de rechazar la vacunación a menores de 5 a 12 años en los centros educativos, debido, entre otras razones, a la carga burocrática que supone para el profesorado organizar el procedimiento y gestionar las autorizaciones de las familias, responsabilidades ajenas a sus funciones. Así, a un 84,1% le parece que es una posición acertada, frente a solo un 6,4% que opina que no lo es. También recibe un respaldo ampliamente mayoritario (75,2%) la propuesta de implantar la figura de la enfermería escolar en los centros educativos.
Preguntas al personal directivo
La encuesta contiene una serie de cuestiones dirigidas específicamente al personal directivo para conocer su opinión sobre algunos de los recursos humanos y materiales de los que disponen los centros para afrontar la situación sanitaria: un 55,9% señala que el recorte de la plantilla covid con respecto al curso anterior ha dificultado el cumplimiento de las medidas sanitarias, frente a un 19,7% que indica que no lo ha hecho; un 61,1% cree que su centro ha sido suficientemente dotado de mascarillas y otros recursos de protección, al tiempo que un 34,1% considera que no; finalmente, un 55,9% afirma que se ha mantenido el servicio extra de limpieza implantado a raíz de la pandemia, mientras que un 33,9% apunta lo contrario.
ANPE Canarias denunció desde un primer momento que la rápida propagación de la variante ómicron de la COVID-19 y la dificultad en la previsión de la Administración habían provocado un dificultoso regreso a las aulas tras el parón navideño. Ante esta realidad, el sindicato propuso una serie de medidas para mejorar la gestión del problema y dar mayores garantías a las familias y al profesorado. Entre ellas, destacan el incremento del personal docente con nombramiento covid con el fin de compensar las bajas, la habilitación de un servicio telefónico específico para gestionar las bajas docentes, una mayor agilidad en el acceso del profesorado que sea contacto estrecho de positivos a pruebas PCR o de antígenos, la realización de cribados periódicos y la entrega de dispositivos electrónicos al alumnado de grupos confinados.