ANPE Canarias considera que la reciente sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirma que las medidas puestas en marcha hasta ahora por las Administraciones Públicas en España para reducir la temporalidad en el empleo público son insuficientes.
En todo caso, entendemos que hay que tener prudencia a la hora de analizar sus efectos. El fallo es una respuesta a cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el caso concreto de tres empleados concretos, personal laboral de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la UNED y de la Agencia Madrileña de Atención Social, que es un organismo autónomo de la Comunidad de Madrid. Se ha de estudiar detenidamente si va a tener algún tipo de alcance general en España; por las primeras reacciones de la Administración, no lo parece.
Desde ANPE, pedimos al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que convoque la mesa sectorial con las comunidades autónomas para que analicen conjuntamente el posible impacto de la sentencia en el sector docente y ofrezcan una respuesta coordinada.
Nuestros servicios jurídicos van a analizar también al detalle la sentencia para examinar su posible efecto en el sector educativo no universitario de Canarias.
En todo caso, al margen de la sentencia, y como venimos repitiendo insistentemente, es fundamental que se establezcan mecanismos para estabilizar al personal docente interino que tiene ya varios años de experiencia en las Islas y no logre obtener plaza en los procedimientos de estabilización que ya están en marcha. La Administración educativa canaria se ha comprometido a estudiar vías para ello y confiamos en que se cumpla.