El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a poner de relieve en su sentencia de este jueves, 13 de junio, el abuso de temporalidad en el empleo público que se da en las administraciones públicas de España, así como la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora para prevenirlo y sancionarlo.
Las administraciones públicas españolas no pueden hacer oídos sordos a esta sentencia y han de buscar fórmulas, ajustadas tanto a la legislación europea como a la española, para dar respuesta a las legítimas demandas del personal interino en situación de abuso de temporalidad.
Asimismo, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes debe convocar la mesa sectorial con las comunidades autónomas para analizar las consecuencias específicas de esta nueva sentencia para el personal docente interino de nuestro país.
En la sentencia, el TJUE abre la puerta a que las relaciones de empleo en las que se dé abuso de temporalidad se conviertan en indefinidas, siempre que esa conversión no implique una interpretación contraria al Derecho nacional. Esto excluiría actualmente la posibilidad de que el funcionariado interino adquiera automáticamente la condición de funcionario de carrera. Sin embargo, esa imposibilidad no debe llevar a la Administración a la inacción; al contrario, es su responsabilidad y su obligación encontrar nuevos mecanismos que prevengan y sancionen adecuadamente el abuso de temporalidad que sufren los interinos, dado que los puestos en marcha hasta ahora no han resultado eficaces para ello, como subraya el TJUE.
La sentencia no contiene un pronunciamiento específico sobre los procesos de estabilización en marcha. Sin embargo, los argumentos que utiliza no parecen dar pie a su paralización, pues esta impediría que miles de funcionarios interinos que aspiran a ser muy pronto funcionarios de carrera se conviertan efectivamente en funcionarios de carrera, prolongando, por tanto, las situaciones de abuso de temporalidad.
En lo que respecta a la enseñanza pública de Canarias, desde ANPE insistimos en la importancia de que la Administración autonómica garantice al personal interino con experiencia en las Islas su continuidad como docentes aunque no obtengan plaza en los procesos de estabilización.
Asimismo, recalcamos que el Gobierno autonómo debe instar al del Estado a impulsar procesos de estabilización adaptados a las particularidades del sistema educativo y a las singularidades de cada territorio, que cumplan verdaderamente el objetivo de estabilizar a las personas en abuso de temporalidad, y no solo las plazas.