El pasado 26 de septiembre, las consejerías autonómicas de Sanidad y de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes presentaron el Protocolo de intervención ante riesgo suicida para las instituciones educativas de Canarias, en vigor desde el presente curso académico, 2024-2025. Este protocolo ha sido impuesto sin haber sido negociado en mesa sectorial con los representantes del profesorado, a pesar de que su contenido afecta de manera directa a las condiciones laborales del personal docente.
El protocolo atribuye al profesorado, especialmente a los orientadores y las orientadoras, así como a las direcciones de los centros, funciones y responsabilidades adicionales que no corresponden a nuestra competencia y que invaden el ámbito de los profesionales sanitarios.
Entre las funciones asignadas, el protocolo exige al profesorado la evaluación del riesgo de suicidio del alumnado, la valoración de la gravedad de lesiones y la implementación de medidas inmediatas antes de la intervención de los equipos especializados. Estas tareas sobrepasan la formación y las competencias del profesorado, generando una carga emocional y profesional inadecuada y peligrosa para quienes no son especialistas en salud mental.
El profesorado está comprometido con la colaboración en este tema tan importante y dispuesto a recibir formación que le permita identificar y canalizar adecuadamente situaciones sensibles, pero reiteramos que no somos el colectivo adecuado para asumir la detección, la intervención ni la responsabilidad de gestionar episodios de riesgo de suicidio. Estas funciones deben ser desempeñadas por profesionales del ámbito de la salud mental, preparados para evaluar y abordar estos casos con las garantías y competencias necesarias.
Ayer, día 4 de noviembre, registramos una solicitud dirigida a la directora general de Personal en la que exigimos la retirada inmediata de este protocolo . El compromiso del profesorado es incuestionable, y no dudará en colaborar con los especialistas cuando el alumnado lo necesite. Sin embargo, la responsabilidad de la salud mental del alumnado debe recaer exclusivamente en los profesionales capacitados para ello y, bajo ninguna circunstancia, en el personal docente.
