La ola de calor que estamos sufriendo estos días vuelve a poner de manifiesto que los centros educativos de las Islas no están adaptados a situaciones de altas temperaturas.
El mapa de niveles de riesgo para la salud por zonas de Meteosalud, que es el que se adopta como referencia en el vigente Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, refleja ya nivel de riesgo naranja en varias zonas de las Islas y amarillo en otras. Por lo tanto, deben activarse, como mínimo, las medidas establecidas en el protocolo. Estas incluyen, en el caso del aviso amarillo, la consideración de las ausencias del alumnado vulnerable –el alumnado de infantil y el alumnado con enfermedades crónicas o discapacidad– como faltas justificadas, y, en el caso del aviso naranja, la posibilidad de la salida anticipada y opcional del alumnado, así como de la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares.
El problema es que el protocolo deriva toda la responsabilidad en los equipos directivos, cuando la Administración autonómica debería tener un papel mucho más protagonista. Desde el primer momento pedimos que el documento se llevara a negociación con la representación sindical, pues es el profesorado quien conoce de primera mano la realidad de cada centro y las dificultades que entraña la aplicación de cada una de estas medidas, pero cinco meses después de su aprobación aún no ha sido abordado en la mesa sectorial. El resultado es que, con el protocolo vigente, pueden darse respuestas totalmente diferentes entre centros afectados por el mismo nivel de riesgo e incluso dentro de un mismo municipio.
Dados los avisos emitidos, la posibilidad de que la situación empeore, la falta de adaptación de las infraestructuras educativas y las dificultades para una efectiva activación del protocolo en cada centro, reclamamos a la Administración autonómica que se ponga al frente de la situación y tome las medidas que sean necesarias para salvaguardar la salud del alumnado, del profesorado y del resto del personal de los centros educativos del Archipiélago, así como para evitar que centros de una misma zona adopten acciones totalmente diferentes entre sí.