Hoy, miércoles 22 de octubre, hemos participado en una mesa técnica con la Viceconsejería de Educación y el resto de organizaciones sindicales para abordar el Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias.
En la mesa pusimos de relieve que, desde que en septiembre de 2024 tuvimos conocimiento por la prensa de que se había elaborado y se iba a imponer a los centros un protocolo de intervención ante riesgo suicida, no hemos parado de insistir en que el documento debe retirarse. En ANPE no estamos en contra de la existencia de un protocolo de actuación ante casos de riesgo suicida, pero sí de la falta de negociación con el profesorado y del contenido del protocolo actual.
¿Por qué no estamos de acuerdo con este protocolo?
Hay cinco razones fundamentales que explican nuestro rechazo al protocolo actual:
1º.- No se negoció con las organizaciones sindicales, a pesar de que afecta directamente al profesorado, y continuamos dudando de que en su elaboración se hayan tenido en cuenta aportaciones del ámbito docente, ya que el documento no recoge las realidades de nuestros centros.
2º.- Asigna funciones sanitarias a los docentes, a pesar de que la Administración insista en que lo único que se le requiere a los docentes es que recaben información. Desde la Administración se le resta importancia a la función de valoración del riesgo, al afirmar que es solo provisional, pero la realidad es que es una valoración a partir de la cual se toman decisiones y se definen medidas de actuación. Entre los objetivos de la entrevista tenemos los siguientes:
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“Constatación, o no de una sospecha”. No es recabar información, es constatar.
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“Valorar de forma precisa el nivel de riesgo suicida y el posible riesgo inminente”. No es recabar información, es hacer una valoración.
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“Articular medidas de prevención y actuación adecuadas al nivel de riesgo detectado”: no es recabar información, es actuar aplicando medidas concretas.
No tiene sentido que se diga que se trata únicamente de recabar información cuando el profesorado tiene que saber distinguir entre señales de alerta directa y de alerta indirecta (si son de alerta directa, se activa el protocolo; si son de alerta indirecta, no se activa). Este tipo de identificación es una cuestión extremadamente delicada para el personal docente, porque no es su ámbito de actuación. Se le está pidiendo a los docentes que actúe como un profesional sanitario.
3º.- Exige rapidez de actuación a los docentes, pero no a los profesionales sanitarios. Recoge que estos actuarán cuando puedan y que, mientras tanto, los docentes deben encargarse de evaluar el riesgo suicida, establecer el grado de gravedad y actuar. Esto no es admisible: el docente lo que debe hacer es avisar para que, de inmediato, los profesionales sanitarios actúen como corresponda. Sanidad debe llevar el peso de las actuaciones en casos de este tipo, y el profesorado avisar, ayudar y acompañar.
4º.- No se contempla de forma explícita que el docente quede exento de responsabilidad por la gestión o consecuencias del caso tras la detección. Esto es esencial para proteger al profesorado de culpabilizaciones indebidas. A pesar de lo afirmado por la Administración, el protocolo no dice nada al respecto. Al no ser expertos en el ámbito sanitario, el personal docente puede encontrarse en situaciones en las que active o no el protocolo de forma incorrecta, sin que ello pueda conllevar consecuencias disciplinarias ni legales.
5º.- Un protocolo de este tipo, destinado al profesorado, debe centrarse en el trabajo de prevención en los centros y en cómo afrontar con el conjunto del alumnado situaciones de este tipo, y dejar la calificación del riesgo para los profesionales sanitarios.
Propuestas de ANPE
En cuanto a las medidas planteadas por ANPE, insistimos, en primer lugar, en que se retire el protocolo y se negocie uno nuevo con carácter de urgencia.
De cara a esa negociación, hemos planteado de nuevo, ya que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, la creación de un equipo por cada provincia formado por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales que se estimen necesarios, en el que participarían necesariamente profesionales sanitarios de los centros de salud u hospitales de todas las islas no capitalinas.
Para la activación del protocolo, consideramos que el/la orientador/a, el director/a del centro u otro/a docente al que se asigne la tarea debe contactar con esta comisión cuando detecte un posible caso de riesgo suicida entre el alumnado. En ese momento, un profesional sanitario que forme parte de la comisión se presentará en el centro educativo y realizará las acciones necesarias para valorar la situación y determinar el riesgo real. El/la orientador /a, el director/a o cualquier otro docente asignado para ello acompañaría al profesional sanitario en todo momento para proporcionarle la información o los datos que necesite (contactar con las familias, facilitar informes previos que existan en el centro...).
La Administración se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de darle mayor peso a la prevención en el protocolo. Asimismo, ha señalado que va a estudiar con Sanidad la posible modificación del documento, y con el gabinete jurídico la repercusión legal del protocolo y la incorporación de una mayor protección al profesorado. Desde ANPE estaremos muy atentos y continuaremos haciendo el seguimiento oportuno, ya que hasta el momento no se ha tenido en cuenta la realidad de nuestros centros educativos en este tema.
