La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso Obadal ha puesto una vez más en evidencia que España carece de mecanismos eficaces para sancionar el abuso de la temporalidad en el empleo público, al entender que las medidas aplicadas hasta ahora son insuficientes para reparar al personal afectado y evitar que esta situación se continúe repitiendo. Se trata de una advertencia jurídica que vuelve a señalar que el modelo actual no cumple con lo dictado por el Derecho comunitario.
Para ANPE, este diagnóstico revela un problema estructural: el sistema educativo español ha funcionado apoyándose en la interinidad para cubrir necesidades que son permanentes. Actualmente, miles de docentes se encuentran en una situación de inestabilidad laboral tras años de encadenar nombramientos para ocupar plazas estructurales. Esto tiene un impacto negativo en la calidad de la educación, pues genera inestabilidad en los centros escolares, dificulta la continuidad de los proyectos educativos y debilita la propia profesión docente.
ANPE considera imprescindible establecer nuevos mecanismos que reduzcan la temporalidad de forma real, sancionen el abuso administrativo que se ha hecho de ella y garanticen la reparación del personal afectado. Actualmente, la tasa de temporalidad del profesorado en Canarias supera con creces el 30%, un porcentaje a todas luces excesivo. El objetivo debe ser reducir esta tasa de forma sustancial garantizando la seguridad jurídica y la estabilidad del profesorado.
La conclusión de esta sentencia, que se suma a otras anteriores del TJUE, es clara: el Gobierno debe negociar e impulsar soluciones factibles al abuso de temporalidad que cumplan con la legalidad española y el Derecho de la UE.
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