Desde ANPE Canarias hacemos público nustro balance del curso escolar 2025-2026, en el que destacamos que el sistema educativo necesita en el Archipiélago más inversión y más protección al profesorado para afrontar con garantías los retos de los próximos años.
Este curso ha vuelto a evidenciar carencias estructurales y retos que siguen sin abordarse de manera decidida, como el constante incremento de la diversidad en las aulas, el exceso de burocracia, el aumento de la conflictividad y la falta de medidas eficaces para proteger al profesorado y reconocer su labor.
La comunidad autónoma se encuentra en una encrucijada en materia educativa, puesto que la insuficiencia de la inversión genera un cuello de botella que frena las mejoras necesarias y amenaza con hacerlo aún más en el futuro. Existe diálogo y voluntad de negociación, pero sin una mayor financiación no va a ser posible afrontar los desafíos a los que se enfrenta el sistema educativo en Canarias.
Situar la educación en el centro de las prioridades del Gobierno no es una consigna abstracta, sino una urgencia inaplazable para responder a la realidad cotidiana de las aulas. Canarias se ha consolidado entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de docentes que atienden a alumnado con necesidades diversas, un reto complejo para el que denuncia que no se cuenta con el respaldo humano y material suficiente.
Frente a esta situación, en ANPE hemos abanderado la reivindicación de que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) cuente doble a efectos del cómputo de las ratios. Difícilmente se puede lograr una verdadera inclusión educativa si no se adapta el número de estudiantes por aula a la diversidad existente. En este sentido, reducir la ratio de forma efectiva atendiendo a estas singularidades es fundamental para propiciar la atención individualizada que exige la ley educativa y, al mismo tiempo, para proteger a un profesorado que está asumiendo una carga insostenible.
Desde ANPE alertamos de que esta realidad, sumada al aumento de las situaciones de conflictividad, la excesiva burocratización de la labor docente, la creciente desautorización en el ejercicio de nuestro trabajo y el insuficiente respaldo están haciendo mella en la salud del personal docente. Por ello, hemos exigido este curso en el Parlamento de Canarias que la futura ley autonómica de autoridad del profesorado no se reduzca a una declaración de intenciones y que se impulsen medidas concretas de protección y reconocimiento que incluyan, entre otros, el aspecto retributivo, tras más de tres lustros de pérdida de poder adquisitivo y varios años de congelación de complementos.
El balance del año también deja importantes tareas pendientes en lo que respecta a la estabilidad laboral. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a señalar el persistente abuso de la temporalidad en el sector público español y a exigir soluciones reales que garanticen la consolidación del empleo estable para el profesorado interino con cierta antigüedad. En el sector educativo canario la situación es especialmente grave en este sentido, pues la tasa de interinidad supera ampliamente el 30%.
Aspectos positivos
Entre los puntos positivos de este año académico 2025-2026, destaca el inicio de la reducción de ratios acordada por la Administración y las organizaciones sindicales el año pasado, que se ha traducido este curso en la disminución de 23 a 20 alumnos en infantil de 4 y 5 años, de 25 a 22 en 1º y 2º de primaria, y de 27 a 25 en 2º de ESO. Además, se ha logrado introducir en las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros para 2026-2027 un apartado relativo a la desconexión digital del profesorado, que, aunque resulta insuficiente, supone un avance. Asimismo, se ha aprobado por fin la orden reguladora para el reconocimiento y abono de las gratificaciones al personal docente por funciones de coordinación, lo que ha permitido que se haga efectivo el pago de las coordinaciones, que permanecía bloqueado desde hacía más de un año a pesar de estar recogido en los presupuestos autonómicos.
En ANPE Canarias concluimos este curso tendiendo, como siempre, la mano a la negociación, pero lanzando un mensaje claro: el modelo educativo no puede sostenerse únicamente sobre el esfuerzo del profesorado. Las aulas canarias necesitan una inversión presupuestaria suficiente que alcance al menos el 5% del PIB del Archipiélago, tal como establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria, así como bajadas de ratios que atiendan a la diversidad del alumnado, una simplificación administrativa efectiva y un marco normativo que proteja de manera efectiva a sus profesionales.
