Representantes de ANPE Canarias participamos hoy, viernes 28 de agosto, junto a la Administración y al resto de sindicatos, en una mesa sectorial de Educación convocada para someter a aprobación dos documentos: una modificación del Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias y las Instrucciones sobre las funciones, organización y funcionamiento del personal de Psicología Educativa en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Desde ANPE hemos vuelto a solicitar la retirada del protocolo de riesgo suicida ante la negativa a que, por parte de Sanidad, se asignen equipos especializados en salud mental infantojuvenil para atender estas situaciones en los centros.
La atención al riesgo suicida en la infancia y la adolescencia constituye una cuestión de salud pública de primer orden que exige una respuesta estructurada, profesional y coordinada entre los ámbitos educativo, sanitario y social. En este sentido, es necesario garantizar que las valoraciones del nivel de riesgo y la adopción de medidas clínicas correspondan exclusivamente a profesionales sanitarios cualificados.
La evaluación del riesgo suicida es una valoración clínica, que debe ser realizada por profesionales de la medicina y la psicología con formación específica en salud mental infantojuvenil y dependientes de la Consejería de Sanidad. El personal docente debe contribuir a alertar y acompañar, pero en ningún caso asumir funciones diagnósticas o de identificación del riesgo suicida.
Asimismo, denunciamos que la coordinación actual entre Educación y Sanidad no está funcionando adecuadamente en este ámbito, ya que, cuando los centros educativos derivan casos, se encuentran habitualmente con una situación de colapso en los servicios sanitarios de salud mental.
Por ello, seguimos instando al Gobierno de Canarias a crear equipos de intervención sanitaria especializados en riesgo suicida en edad escolar con implantación en cada isla, conformados por psicólogos sanitarios y psiquiatras. Estos equipos se activarían de forma inmediata a iniciativa de cualquier centro educativo ante la detección de un posible caso y acudirían presencialmente en el mismo día. Entre otras funciones, tendrían a su cargo la evaluación clínica del riesgo, la determinación de su gravedad y la adopción de las medidas sanitarias pertinentes, así como la coordinación directa con los recursos asistenciales de referencia (centros de salud, unidades de salud mental y hospitales).
Este modelo permitiría una respuesta homogénea en todo el Archipiélago, reduciría la incertidumbre en la gestión de los casos y garantizaría que las decisiones clínicas se adopten con criterios estrictamente profesionales.
ANPE ha hecho numerosas aportaciones al protocolo por responsabilidad, dado que el documento ha sido impuesto y se está aplicando, pero insistimos en que debe retirarse hasta que Sanidad asigne equipos especializados para esta función.
Incorporación de psicólogos/as
Respecto a la incorporación de 80 profesionales de psicología en los centros educativos, desde ANPE entendemos que puede ser una ayuda para posibles casos de riesgo suicida, pero no resuelve el problema, que debe abordarse desde Sanidad.
En cuanto al borrador de instrucciones que establece las funciones de estos profesionales de psicología en los centros y regula su organización y funcionamiento, ANPE ha presentado ya varios documentos de aportaciones. Consideramos que, en términos generales, añadir profesionales al sistema educativo es beneficioso, pero manifestamos nuevamente nuestra preocupación por el solapamiento de funciones con otro personal especialista, particularmente el de Orientación Educativa.
