Desde ANPE Canarias hemos presentado una treintena de aportaciones al borrador del Anteproyecto de Ley que regulará la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado en el ámbito educativo no universitario de Canarias. Valoramos que el Gobierno canario aborde por fin una regulación integral con rango de ley en esta materia, pero insistimos en la necesidad de que se garanticen los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para hacerla efectiva, con el fin de que no se convierta en una declaración de intenciones de difícil cumplimiento en las aulas.
Nuestra principal preocupación tes la falta de financiación vinculante.El anteproyecto habla de un mapa canario de recursos, de una memoria económica y de una programación plurianual, pero no concreta ni las anualidades, ni la distribución por islas, ni los mecanismos para comprobar si esa financiación llegará realmente a los centros. Por ello, reclamamos dotaciones presupuestarias específicas y diferenciadas en cada ejercicio, con objetivos anuales verificables y publicación periódica del grado de ejecución, así como un calendario integral de implantación, con hitos por curso escolar, que impida que la aplicación progresiva de la ley se traduzca en la práctica en un aplazamiento indefinido de los derechos del alumnado.
Desde el sindicato ponemos también el acento en la necesidad de que la nueva ley no incremente la carga de trabajo y la burocracia del profesorado, de los equipos de orientación y de los equipos directivos. Exigimos que toda la formación de carácter obligatorio derivada del desarrollo de la norma se realice dentro del horario laboral, con la correspondiente planificación de tiempos de coordinación y asesoramiento, y sin que ello suponga trabajo no reconocido para los docentes. Asimismo, reclamamos que la Administración fije plazos máximos y exigibles para responder a la falta de recursos en los centros, de manera que la escasez temporal de dotación no recaiga sobre el alumnado, las familias y el profesorado.
Es importante también que se corrijan determinadas indefiniciones terminológicas detectadas en el borrador del anteproyecto para evitar inseguridad jurídica en los equipos docentes, de orientación y directivos. Se debe concretar una definición cerrada y unívoca de la terminología empleada en todo el texto legal con el fin de prevenir interpretaciones dispares del articulado.
Especial relevancia adquiere la falta de concreción sobre el futuro de los centros de educación especial. El anteproyecto anuncia una "reconversión" de estos centros en una disposición transitoria, pero ningún artículo desarrolla en qué consiste realmente ese proceso, mientras que otra disposición se limita a atribuirles una función adicional de "centro de recursos, asesoramiento, apoyo especializado, formación y colaboración con centros ordinarios". Esta ambigüedad puede generar incertidumbre entre familias y profesionales sobre el futuro de la red de centros educación especial en Canarias, por lo que instamos al Gobierno a definir una regulación clara y expresa en este sentido, con la garantía explícita de que no se suprimirán plazas de educación especial mientras subsista la necesidad de esta modalidad de escolarización.
Advertimos además de la insuficiencia actual de recursos y plazas específicas en determinadas islas y zonas educativas. Es imprescindible que el mapa canario de recursos parta de un diagnóstico real de las necesidades existentes y determine dónde deben crearse o reforzarse centros de educación especial, aulas específicas, unidades especializadas y modalidades combinadas. La transformación del modelo no puede traducirse en la reducción de recursos especializados sin que exista previamente una alternativa suficiente, accesible y adecuadamente dotada para cada alumno o alumna que la necesite.
Asimismo, defendemos que se fijen estándares mínimos y criterios objetivos de dotación de recursos humanos, según el contexto escolar, para la atención a la diversidad —profesorado especialista, profesionales de orientación educativa, personal de apoyo—, que permitan una atención educativa individualizada. Junto a ello, reclamamos que se preserve la autonomía profesional de los equipos de orientación en la evaluación psicopedagógica, garantizando el derecho de las familias a ser oídas y a solicitar la revisión de un informe sin que el desacuerdo familiar sea, por sí solo, motivo de modificación de las conclusiones técnicas.
Corresponsabilidad de toda la Administración
La atención a la diversidad y al bienestar del alumnado no puede descansar exclusivamente sobre Educación ni sobre el profesorado y los equipos de orientación, pues muchas necesidades requieren la intervención coordinada de Sanidad, Servicios Sociales, atención temprana y otros servicios públicos. En este sentido, pedimos que la ley garantice estructuras estables de coordinación interadministrativa, protocolos compartidos, responsables identificados, plazos de respuesta y los profesionales sanitarios y sociales que resulten necesarios, evitando que la falta de respuesta de otros departamentos termine trasladando a los centros educativos y al profesorado funciones que no nos corresponden.
Asimismo, hacemos nuestra una demanda histórica de muchas familias: la necesidad de que se garantice el acceso de todo el alumnado, en condiciones de igualdad y no discriminación, a los servicios educativos complementarios, como el transporte escolar, el comedor, la acogida temprana y la permanencia en el centro, atendiendo a las necesidades educativas, las medidas de atención a la diversidad y la modalidad de escolarización. Es primordial que la ley asegure que la modalidad de escolarización no constituya un motivo de exclusión de los servicios complementarios disponibles en los centros, dado que la participación en estos servicios del alumnado escolarizado en aulas específicas y unidades especializadas se ha visto limitada en la práctica hasta ahora.
Por último, respaldamos la introducción de límites claros al uso de dispositivos digitales en la etapa de Educación Infantil, abogando por eliminar su uso educativo en el primer ciclo y restringirlo a situaciones excepcionales y justificadas pedagógicamente en el segundo, en coherencia con la evidencia disponible sobre la importancia de la interacción directa y la experiencia real en el desarrollo infantil.
Desde ANPE Canarias reiteramos nuestra voluntad de continuar colaborando en la mejora técnica del anteproyecto, pero insistimos en que ninguna ley de atención a la diversidad e inclusión educativa tendrá incidencia real si no viene acompañada de la financiación, el personal y el tiempo necesarios para aplicarla.
