Hoy, viernes 15 de mayo, los compañeros de ANPE Canarias hemos asistido a una nueva Mesa Sectorial en la que hemos abordado dos cuestiones clave: la desescalada educativa y la aprobación de la resolución de permisos y licencias, documento que ya había sido negociado en convocatorias previas.
En el transcurso del encuentro, la directora general, Marisol Collado, ha informado de que la Consejería acepta nuestra exigencia de que solo se incorpore este curso el profesorado que desee hacerlo de forma voluntaria. El equipo directivo, no obstante, deberá acceder primero a que el centro esté abierto. Solo de esta forma el docente que quiera volver al aula podrá hacerlo. Calificamos como "muy positiva" esta decisión, que da respuesta a una demanda que llevamos semanas reivindicando.
Asimismo, ha confirmado que NO se incorporará el alumnado de tres a seis años, como veníamos demandando por razones obvias.
Además, Collado nos ha comunicado que desde hoy la Administración está remitiendo un cuestionario a todos los centros para determinar qué docentes son potencialmente "personal de riesgo o sensible". Ese documento cumplimentado será trasladado al servicio de Inspección Médica, que se encargará de los trámites posteriores. El objetivo de este sondeo es que esos docentes no tengan que incorporarse físicamente a sus puestos de trabajo hasta que sea seguro y que puedan continuar su labor de forma telemática. Hemos solicitado que se establezca el mecanismo electrónico necesario para garantizar la privacidad de estos datos, puesto que a nuestro juicio la fórmula arbitrada por la Administración -hacerlo a través de los equipos directivos- vulnera los principios de confidencialidad esenciales relativos a la información de salud personal.
Con respecto a los funcionarios en prácticas, la Dirección General de Personal se ha comprometido a emitir una resolución "en breve" -presumiblemente la próxima semana- en la que la Inspección Educativa establezca el procedimiento excepcional y aclare las dudas de estos profesionales. No obstante, como ya habíamos anunciado, estos docentes finalizarán la fase de prácticas este curso.
La decisión que se ha tomado con respecto a los proyectos de dirección, por su parte, es que el procedimiento quede paralizado y se retome el próximo curso en el mismo punto en el que se encontraban antes de la pandemia.
En relación a la resolución de permisos y licencias, el documento que se ha aprobado incluye, como ya habíamos adelantado, algunas aportaciones importantes hechas por nuestro sindicato y que responden a reclamaciones históricas, en muchos casos. Hay que ser cautos y esperar a la publicación definitiva, pero, en principio, se han aprobado estas propuestas:
- Para enfermedad de familiares se entenderá como localidad donde se encuentra el familiar, el domicilio u hospital.
- Para familiares de primer grado, se considerarán urgencia en centros de salud el día o el día siguiente si es por la noche.
- Se concederá permiso para cuidar a un hijo menor de 12 años que, por prescripción facultativa, deba permanecer en reposo domiciliario por el periodo indicado por el médico.
- Licencia por riesgo en el embarazo: se pasa la competencia a la DGP, para agilizar su gestión, porque la tramitación de esta licencia es muy engorrosa, sobre todo para las interinas, y la mutua tarda muchísimo en llamar a las afectadas.
- Cuando los permisos y licencias deriven de un hecho causante sobrevenido, no recogido en una solicitud previa, y así está previsto en el procedimiento correspondiente, comenzarán a disfrutarse de inmediato. No obstante, en el caso de que el hecho causante se produjese una vez iniciada o concluida la jornada laboral, el cómputo de plazos comenzará el día siguiente, pudiendo ausentarse el interesado durante el resto de la jornada, si ello fuese necesario. En este caso, ese día se computará como de trabajo efectivo.
Por último, también hemos insistido, como venimos haciendo desde que se declaró la pandemia, en la necesidad de que la Consejería de Educación actúe con más premura y liderazgo. La situación de incertidumbre en la que se encuentra el profesorado es insostenible. Es prioritario que se publiquen cuanto antes unas instrucciones claras y concretas, que resuelvan las dudas de los docentes y sus temores a que el regreso a la nueva normalidad no se haga en las condiciones sanitarias adecuadas.
Por supuesto, además de unas Instrucciones de carácter general para todas las enseñanzas no universitarias, los centros más específicos, como los Conservatorios de Música, deben contar con unos protocolos particulares de atención al alumnado, a partir de unas directrices emitidas por la Consejería.
A continuación puedes leer las aportaciones que hemos hecho a cada apartado de los documentos facilitados por el departamento que dirige la consejera María José Guerra sobre la desescalada educativa:
Desescalada educativa: la hoja de ruta para volver a los centros
El documento presentado por la Administración Educativa sobre la desescalada educativa establece varias fases para la vuelta a las aulas desde la actualidad hasta el mes de octubre.
*En el primer tramo (mayo), hemos empezado nuestra intervención insistiendoen que la presencia en el centro de los miembros del equipo directivo y delprofesorado que desee apoyarles tendrá siempre carácter voluntario, una vez comprobado el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Como hemos adelantado antes, la respuesta de la Consejería ha sido muy positiva con respecto a nuestra demanda.
Asimismo, hemos recordado que la labor del profesorado consiste en educar a su alumnado, no en cuidar de ellos mientras sus familias cumplen con su horario laboral, y que el Plan del Centro deberá basarse en un modelo facilitado por la CEUCD y se deberá redactar con el apoyo de especialistas en Prevención de Riesgos Laborales.
* En el segundo tramo (junio), se plantea que debe culminarse el Plan del Centro, lo que nos parece peligroso, prematuro y con escasa fiabilidad, ya que el equipo directivo desconocerá todavía datos clave como el cierre de su matrícula, los grupos y turnos aprobados por la CEUCD o la plantilla de profesorado para el próximo curso; además, insistimos en que no estamos de acuerdo con la existencia de Centros Piloto, al margen de que tengamos serias dudas sobre la fiabilidad de sus conclusiones, tras una evaluación tan apresurada, y su aplicación a los diferentes niveles de enseñanzas en el curso siguiente.
* Entre las diferentes cuestiones que deben tenerse en cuenta con anterioridad al inicio del curso 2020/2021, destacamos las siguientes:
- Ningún centro debe comenzar su actividad lectiva si no ofrece las mayores garantías de protección a su comunidad escolar y no cuenta con todos los recursos humanos y materiales necesarios.
- Debe existir una previsión razonable de realización de test al profesorado, alumnado y personal administrativo de cada centro.
- Parece necesario aumentar el personal de limpieza, especialmente para atender la desinfección periódica de las zonas comunes más frecuentadas.
- Además de los recursos de protección individual, higiénicos, de limpieza y de desinfección, los centros deben contar con personal sanitario, de manera presencial o localizable en su centro de salud.
- También habría que instalar mamparas en las Secretarías y habilitar alguna zona de aislamiento transitorio.
* En el cuarto tramo (septiembre), advertimos de que en el documento no se indica la más mínima referencia a los procedimientos para conceder una atención preferente al alumnado afectado por patologías o por la brecha social/digital, ni se contempla el imprescindible incremento de los recursos humanos para que la plantilla docente acometa todas estas actuaciones extraordinarias; tampoco se contempla cuántas horas diarias deberá trabajar, qué funciones desempeñará y qué responsabilidades concretas asumirá el profesorado durante una jornada laboral que comprenderá, al mismo tiempo, enseñanza online y presencial en grupos flexibles.
* En la nueva normalidad (octubre), se habla de reanudar las clases con normalidad, incluyendo la recuperación del trasporte y el comedor escolar, generando cierta confusión, ya que en septiembre parece que se inicia la actividad lectiva del curso 2020/2021; en cualquier caso, nos parece muy acertado que permanezcan vigentes las medidas de higiene y seguridad que cada centro considere convenientes, siempre que la Administración se comprometa a mantener los recursos materiales y humanos necesarios.
* Respecto a las cuestiones que más directamente afectan al profesorado, desde ANPE Canarias hemos planteado lo siguiente:
- Exigimos, con carácter innegociable, un importante crecimiento de todas las plantillas docentes que permita una drástica reducción de las ratios alumno/profesor, las más elevadas de nuestro sistema educativo.
- Debe prestarse especial atención a los desdobles en Educación Infantil, ampliando incluso su período de adaptación hasta un mes en el inicio del próximo curso, así como al profesorado itinerante que comparte centros, a la cobertura puntual de las bajas docentes y al necesario incremento de Auxiliares Educativos.
- En unas circunstancias tan exigentes, la carga de trabajo y la responsabilidad de los equipos directivos se multiplica, por lo que proponemos un aumento proporcional de sus descuentos horarios para atender en mejores condiciones sus múltiples funciones respecto a la seguridad, la salud y la higiene en sus centros.
* En cuanto a la ubicación en los centros de los nuevos y reducidos grupos del alumnado, planteamos el uso gradual de los recreos, las entradas y salidas del centro en forma escalonada, la adaptación de todos los espacios posibles a las necesidades existentes y, en el caso de los centros que no dispongan de aulas suficientes, la rotación semanal del alumnado para que todos asistan a la enseñanza presencial, aunque para determinadas enseñanzas o situaciones especiales se podría también habilitar turnos de mañana y tarde, en cualquier caso, con la aprobación previa del profesorado afectado.
* Parece obvio que, si se debe adaptar el trasporte escolar a las nuevas medidas de seguridad, habrá que incrementar el número de vehículos contratados y la frecuencia de las líneas actuales para favorecer la distancia de seguridad, además de exigir a las empresas el uso obligatorio de mascarillas y la desinfección constante de sus vehículos.
* En cuanto a los diagnósticos de centro, tenemos varias dudas, comenzando por el momento en que se inician, ya que se indica “en el mes de mayo y con carácter inmediato”, cuando existirán graves impedimentos para su realización, desde el punto de vista del personal docente, ya que los equipos directivos desconocerán todavía quiénes forman parte de los grupos de personal vulnerable, no estarán fijadas las plantillas del próximo curso, ni se habrán publicado las adjudicaciones de comisiones de servicios y el resto de los destinos provisionales para el curso 2020/2021.
Documento “Propuestas para la planificación de actividades preventivas”
* Nos parece fundamental que la CEUCD garantice la dotación de material informático y una conexión suficiente a internet tanto para el profesorado como para el alumnado que deba seguir la docencia desde su domicilio.
* Consideramos que las Administraciones Públicas deberían hacer un esfuerzo para incrementar la formación del profesorado, de las familias y del alumnado en el uso de las herramientas de formación online, incluso contratando a profesionales informáticos que asesoren y realicen tareas de mantenimiento de los equipos durante la docencia no presencial.
* Apoyamos a la CEUCD en su decisión de que los docentes que formen parte de los grupos de riesgo establecidos por el Ministerio de Sanidad, por sufrir alguna de las patologías contempladas, puedan voluntariamente limitarse a impartir docencia online, sin tener que acudir a los centros hasta que la situación sea segura.
* En este mismo sentido, no estamos de acuerdo en absoluto con la determinación manifestada por la Administración Educativa para denegar todas las prórrogas en el servicio activo a los mayores de 65 años, ya que esta decisión de protegerse siempre debe tener carácter voluntario.
* Una cuestión que suele olvidarse es la petición expresa de varios equipos directivos para que se reduzca al mínimo los trámites burocráticos que en esta época se llevan a cabo en los centros educativos, posibilitando que el procedimiento de matrícula del alumnado pueda hacerse de manera telemática y prorrogando, en lo posible, las matrículas de comedor y transporte escolar para el próximo curso.
* Especialmente preocupantes nos parecen los argumentos esgrimidos por el profesorado que presta sus servicios en los CEE para desaconsejar la presencia en los centros de este alumnado tan vulnerable, mientras no haya desaparecido la amenaza de la pandemia.
* Como se ha podido comprobar en estos meses, Canarias necesita con urgencia la elaboración de un Plan de Acción Tutorial online, que establezca unas directrices de tutorización y monitorización del alumnado, durante las actividades propias de la docencia no presencial, y que incluya medidas específicas para el alumnado con dificultades de seguimiento motivadas por la falta de recursos digitales, su situación de exclusión social o su requerimiento de una atención propia en virtud de sus necesidades educativas especiales.
* Sería interesante recomendar a los centros educativos que traten de incorporar en las programaciones didácticas para el curso 2020/2021 una planificación especial para la impartición de cada materia o especialidad en la modalidad online, que permita llevar a cabo un adecuado seguimiento de la misma en el caso de que se produzca un nuevo cierre de los centros.
* También resultaría conveniente implementar un Plan de formación específico, orientado a desarrollar la competencia digital del alumnado, que incluyera el correcto manejo instrumental y didáctico de las herramientas digitales, el acceso y uso adecuado de todas las plataformas educativas y una imprescindible formación para nuestros alumnos y alumnas sobre los usos responsables y los peligros de las nuevas tecnologías (ciberacoso, fakenews, fraude, etc…).
* Además, todas las Administraciones Públicas deben hacer convocatorias específicas para la dotación tecnológica de los centros educativos, elaborar planes de préstamos y cesión de dispositivos electrónicos al alumnado y al profesorado que lo necesite, incrementar la formación del profesorado sobre la competencia digital docente (prácticas pedagógicas virtuales, dinámicas de colaboración entre docentes, elaboración de material) y fomentar los proyectos de innovación en los centros.
* En estas difíciles circunstancias para el ejercicio de la función docente, resulta de capital importancia que los diferentes servicios de la Inspección Educativa prioricen su apoyo a los centros y al profesorado, ofreciendo permanentemente su orientación y sus recursos, así como una mayor flexibilización del marco normativo para que cada centro, en el ejercicio de su autonomía, pueda incorporar medidas acordes con las necesidades del alumnado y sus familias.
* Entendemos que, al igual que se han flexibilizado los criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado, como consecuencia de las distorsiones producidas por el covid-19, habría que permitir a los centros que no hayan finalizado su plan de formación del profesorado y, por tanto, no se haya alcanzado el mínimo de horas certificable, que puedan incorporarlas en el porfolio del docente para el próximo curso.
* No menos importante será garantizar al máximo la seguridad digital de la información (en otras Consejerías se han habilitado controles remotos a sus ordenadores para una mayor seguridad digital), de manera que el profesorado disponga de un ordenador en su centro de destino con las características necesarias para funcionar in situo por teletrabajo, al que pueda acceder mediante los servicios de VPN y de escritorio remoto, según lo previsto para hardware y software por la Dirección General de Telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Actuaciones específicas para el profesorado de riesgo (“personal sensible”)
Con respecto a esta documentación, hemos advertido de que falta explicitar que el personal docente y no docente que deba integrarse en este colectivo presente una solicitud inicial a la CEUCD, acreditando documentalmente su adscripción a alguno de los grupos de personas vulnerables establecidos por el Ministerio de Sanidad, para que se pueda iniciar así el proceso administrativo.
Por lo tanto, proponemos la creación de una aplicación informática para que el profesorado acuda directamente a la Inspección Médica, solicitando integrarse en este grupo, ya que las direcciones de los centros educativos no deben servir de filtro por razones de confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
Asimismo, se deberá arbitrar un plazo para que el profesorado afectado (TES), cuando vea rechazada su solicitud inicial, pueda presentar una reclamación o subsanar el motivo alegado, para alcanzar dicha condición.
Al respecto, debe tenerse en cuenta no sólo al profesorado considerado de riesgo, por sus patologías o su edad, sino también a quienes conviven con familiares comprendidos en los grupos de riesgo, que también podrían contagiarse.
Para estos casos, ANPE Canarias entiende que, mientras persistan estas circunstancias, podrían perfectamente continuar atendiendo a su alumnado mediante el teletrabajo, en coordinación permanente con el correspondiente equipo educativo.
Brecha digital
Para reducir la brecha digital, hemos propuesto aprovechar al profesorado que trabaja en los centros de profesorado y como asesores de Innovación Educativa. Estos docentes en su mayoría cuentan con experiencia en nuevas tecnologías y aprendizaje competencial. La idea sería organizar equipos de trabajo para el diseño de actividades globales para cada curso y nivel de enseñanza. Canarias cuenta, como mínimo, con 175 profesores que podrían dedicarse a tiempo completo a esta labor. Facilitando a todo el profesorado esas actividades con al menos un mes de antelación, esto permitiría solventar tres problemas:
1) Ayudar al docente de aula en su labor diaria, sin menoscabo de la posibilidad de cada docente de adaptar dichas actividades a la realidad del contexto de su aula.
2) Garantizar unos niveles comunes y de calidad en todo el territorio.
3) Disponer de actividades diseñadas para teleformación para aquel alumnado que así lo requiera.
Otro elemento que jugaría un papel fundamental sería la televisión, prácticamente todas las Comunidades cuentan con televisión autonómica, en caso de confinamiento, esas actividades ya diseñadas podrían ser impartidas por docentes seleccionados con un claro dominio comunicativo. A la vez, la Administración educativa debe priorizar la formación del profesorado para alcanzar un dominio en teleformación y la dotación de recursos tecnológicos para el alumnado vulnerable.
