Denunciamos que el personal docente de los colegios participantes en el programa piloto de vacunación de menores de 5 a 11 años contra la COVID-19 en centros educativos está recibiendo amenazas de colectivos antivacunas. Dos asociaciones contrarias al proceso de vacunación y al uso de mascarillas han enviado cartas intimidatorias a los centros en las que los acusan de estar cometiendo graves delitos y amenazan al personal directivo con iniciar acciones legales en su contra, como ya hicieron anteriormente con trabajadores sanitarios.
Estas prácticas de presión e intimidación resultan completamente inaceptables, por lo que reclamamos a la Administración educativa que tome todas las medidas que sean necesarias para proteger al personal directivo y al conjunto del profesorado que se está viendo envuelto en esta situación.
La misma motivación que nos llevó a oponernos a la vacunación en los colegios es la que nos lleva ahora a rechazar de manera tajante y contundente estas amenazas tanto en las formas como en el fondo, y no es otra que la de defender y proteger al personal docente, al alumnado y a toda la comunidad educativa. No es admisible que se pretenda coaccionar al profesorado tratando de infundir miedo sobre el proceso de vacunación.
ANPE Canarias es el único sindicato que ha mostrado su rechazo a la experiencia piloto de vacunación en centros escolares puesta en marcha por la Consejería de Educación, aunque por motivos muy diferentes a los argumentos anticientíficos esgrimidos por los colectivos negacionistas y antivacunas.
Hemos sostenido desde el primer momento que no debe ser el profesorado quien asuma la carga burocrática de gestionar las autorizaciones con las familias y organizar el procedimiento de vacunación y, además, hemos advertido de que vacunar en los centros en horario escolar no es lo más conveniente para facilitar la presencia de los padres, las madres o los tutores legales que deseen acompañar al alumnado, ni tampoco para garantizar la confidencialidad requerida y evitar la estigmatización de quien no se ponga la vacuna. Por ello, defendemos que lo más adecuado es que la vacunación a menores de 5 a 11 años se realice en instalaciones sanitarias o en espacios específicamente habilitados para ello.