El Ministerio ha presentado hoy, en mesa de negociación a nivel estatal, una propuesta para poner en marcha el proceso de estabilización a través del concurso y acabar con la temporalidad en el ámbito de la educación pública. A nuestro juicio, el borrador para la aplicación del concurso de méritos derivado de la Ley de Estabilización presenta una serie incógnitas procedimentales y jurídicas, por lo que hemos alertado, una vez más, de la necesidad de contar con todas las garantías necesarias para llevar a cabo este procedimiento dentro de la legalidad.
Siempre hemos considerado que es una prioridad dar respuesta a la situación de inestabilidad en la que se encuentra el personal docente interino. La crisis originada a partir de 2008 limitó de manera muy significativa la tasa de reposición de efectivos, lo que frustró las posibilidades de acceso a la función pública de muchos docentes. Ello ha provocado un alto porcentaje de empleo inestable en los centros de enseñanza pública, lo que ha precarizado el empleo docente y perjudicado la calidad de la enseñanza.
Por ello, el procedimiento que se adopte debería contar con la necesaria garantía y seguridad jurídica, algo que, a nuestro juicio, puede no ocurrir, pues, como hemos reiterado en más de una ocasión, se está intentando aplicar un sistema de estabilización que fue diseñado para otras administraciones con realidades totalmente distintas a la del ámbito educativo. Se trata de un sistema acordado fundamentalmente para plazas de otros colectivos de empleados públicos, y que mucho nos tememos, pueda tener fatales consecuencias en la estabilidad del profesorado de determinados cuerpos y especialidades. Para evitarlo, ANPE ha hecho una serie de aportaciones que buscan mejorar el texto, dando oportunidades reales a los aspirantes al tiempo que se corrige esa inseguridad jurídica. Sin embargo, el Ministerio no las ha tenido en cuenta.
Además, consideramos fundamental que el proceso ha de acometerse con transparencia , garantizando que se oferten todas las plazas vacantes susceptibles de formar parte del procedimiento y evitando la posible arbitrariedad por parte de las comunidades autónomas. Por ello hemos trasladado nuestra discrepancia con la forma en la que se han calculado en las distintas comunidades las plazas incluidas en este concurso de méritos, aplicando criterios muy desiguales, lo que nos lleva a pensar que, o bien no cumplieron anteriormente con los procesos de estabilización al aprobar sus respectivas ofertas de empleo público, o bien no lo han cumplido ahora. Estos hechos son especialmente graves, ya que nos encontrarnos ante un sistema de concurso de méritos que se ha de convocar a nivel estatal y donde habrá aspirantes de todo el Estado optando a todas las plazas que deseen, al margen de que la Comunidad Autónoma de origen haya convocado o no plazas de su cuerpo y/o especialidad.
En definitiva, para ANPE este sistema de concurso de méritos plantea muchos interrogantes, tanto jurídicos como de procedimiento, que de no ser corregidos y aclarados provocarán que el proceso de estabilización que se pretende no solo no se logre y pudiera desembocar en una importante decepción para el profesorado interino respecto a las expectativas inicialmente generadas por la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, sino que en un futuro muy cercano puede derivar en una gran controversia jurídica que abarque desde una posible anulación judicial de los procedimientos que se realicen hasta la pérdida del puesto de trabajo por parte de los participantes.
Novedades que plantea el sistema: fechas, especialidades, prácticas
Según ha comunicado la Administración, este borrador de acuerdo presentado ha sido apoyado por todas las comunidades autónomas salvo Cataluña, País Vasco y Galicia y ahora se configurará un concurso de méritos que convocarán las comunidades, pero que será de ámbito estatal. Los aspirantes podrán participar participar en todas las plazas existentes en las CCAA firmantes del acuerdo.
Las solicitudes deberán presentarse en la Comunidad Autónoma de la primera solicitud y se deberá presentar una instancia por cada una de las especialidades que se quiera participar.
El plazo de solicitudes previsto será del 21 de noviembre al 21 de diciembre.
El Ministerio también ha comunicado que no habrá fase de prácticas y los seleccionados se incorporarán a la respectiva Administración educativa el 1 de septiembre de 2023 en un destino provisional, debiendo concursar, a partir de esa fecha, y obtener su primer destino en la Comunidad Autónoma en la que obtuvo plaza. De no haber sido posible resolver el procedimiento antes de dicha fecha, la primera asignación provisional de la plaza a ocupar será a partir del 1 de septiembre de 2024.
