Desde ANPE Canarias, sindicato mayoritario del profesorado de la enseñanza pública no universitaria en las Islas, valoramos de forma positiva la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado presentada hoy por varios grupos parlamentarios e instamos a la Administración a comenzar a aplicar desde ya algunas de las medidas recogidas en el texto.
Sin duda, sería una buena noticia que Canarias se sumara al conjunto de comunidades autónomas que ya cuentan con una norma propia sobre esta materia. Aunque la condición de autoridad pública del profesorado está reconocida en el artículo 124.3 de la vigente Ley Orgánica de Educación, una ley autonómica contribuiría a reforzar este precepto y a desarrollar mecanismos específicos de protección y apoyo a los docentes.
La profesión docente ha experimentado en las últimas décadas una pérdida progresiva de autoridad y reconocimiento social, algo que afecta negativamente a nuestra relación con el alumnado y sus familias y que desalienta nuevas vocaciones. El profesorado necesita sentirse respaldado por la Administración. Una ley que refuerce su papel como autoridad pública es un paso necesario, pero debe ir más allá del reconocimiento simbólico y traducirse en medidas concretas y eficaces.
Entre los aspectos más reseñables del texto, destaca un capítulo específico dedicado a la protección jurídica y psicológica del personal docente, así como la propuesta de crear una unidad administrativa especializada en el apoyo y asesoramiento ante conflictos surgidos en el ejercicio profesional, dentro y fuera del aula. En este sentido, desde ANPE insistimos en la necesidad de simplificar y agilizar los protocolos actuales de acceso a la asistencia jurídica y psicológica para docentes víctimas de agresiones, ya que son poco operativos.
Valoramos que la iniciativa recoja la necesidad de mejorar las condiciones laborales y retributivas de los equipos directivos y del conjunto del profesorado. Hay que tener en cuenta que muchos de los complementos asociados a funciones y cargos llevan años sin actualizarse y que, en algunos casos, ni siquiera se remuneran. Es imprescindible corregir esta situación cuanto antes. Advertimos, además, del deterioro del poder adquisitivo del profesorado a lo largo de los últimos años. En este contexto, instamos al Gobierno autónomo a reclamar al Ejecutivo central la recuperación de las pagas dobles para los empleados públicos, tal y como existían antes de los recortes aplicados hace más de quince años.
En relación con el reconocimiento social de la labor docente, echamos en falta una mayor concreción en el articulado. Se debe contemplar el desarrollo de campañas institucionales sostenidas que visibilicen el valor del profesorado ante la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad. ANPE ha impulsado iniciativas como el videopódcast ‘1 docente, 1000 futuros’, un proyecto que da voz a docentes de Canarias y pone en valor su labor diaria. Sin embargo, es la Administración la que debe liderar este reconocimiento a través de políticas públicas claras y continuadas en el tiempo.
Desde ANPE consideramos, en todo caso, que la proposición de ley es mejorable, y recogemos el guante lanzado por los grupos parlamentarios firmantes para enriquecer el texto con aportaciones del profesorado. Estamos dispuestos a contribuir para que esta ley se convierta en una herramienta útil y efectiva que dignifique y proteja de verdad a quienes educan.
