ANPE, primera fuerza sindical entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria a escala estatal y autonómica, urge a las consejerías de Educación y Sanidad a replantear el protocolo de intervención ante riesgo suicida en instituciones educativas de Canarias de cara al curso 2025-2026. Hay aportaciones relevantes del profesorado a las que se continúa sin dar respuesta a falta de apenas dos semanas para que comiencen las clases, a pesar del compromiso adquirido en ese sentido por la Administración en la mesa técnica sobre este tema celebrada el pasado 8 de abril.
El protocolo vigente es engorroso e inaplicable en algunos aspectos, y no está bien adaptado a las particularidades de los centros educativos ni a la realidad del trabajo del personal docente en el día a día. El documento asigna al profesorado funciones muy delicadas que, por su naturaleza, corresponden al ámbito de los profesionales sanitarios especialistas en salud mental; entre ellas, y de manera señalada, la evaluación del nivel de riesgo suicida.
Es necesaria una mayor implicación de la Consejería de Sanidad en este asunto. Desde ANPE insistimos en nuestra propuesta de que se conformen equipos de profesionales sanitarios en todas las islas que estén especializados en la actuación ante riesgo suicida en los centros educativos. Si se crearan estas unidades, los centros podrían contactar directamente con ellas cuando se dé un posible caso para que acuda e intervenga en el mismo día.
La forma en que está planteado actualmente el protocolo favorece que se ponga la carga de la responsabilidad sobre el profesorado ante situaciones para las que no está preparado. El personal docente está dispuesto a colaborar y a formarse para afrontar los posibles casos de la mejor manera posible, pero sin invadir el campo de los especialistas en salud mental en un asunto tan delicado para la vida del alumnado.
En una encuesta impulsada por ANPE el curso pasado, el propio profesorado señaló diferentes deficiencias en el documento, como la falta de claridad en su redacción y su excesiva complejidad. Es preciso que la Administración autonómica lo lleve a negociación con la representación del personal docente lo antes posible, de manera que el nuevo protocolo pueda estar vigente desde el primer trimestre del curso 2025-2026.
