El primer agente implicado en erradicar la violencia de género, el acoso sexual y las agresiones entre menores en las aulas es el profesorado. Pero plantear como medida estrella el incorporar cámaras de videovigilancia no nos garantiza la seguridad; mientras que sí violenta y ataca de forma directa el ejercicio de nuestra profesión.
En este caso, y desde luego es de agradecer, docentes y Estado van de la mano en un no rotundo a esta proposición de Fiscalía.
Hay otras medidas de mayor calado, como la prevención que se trabaja además en coordinación con la Consejería de Educación e incluso con agentes externos que logren mejorar y paliar estas situaciones anómalas.
Ante sospechas de acoso hay que generar una colaboración entre familia y profesorado que ataje un daño incipiente. Además, se debe activar el protocolo de acoso escolar ante la menor amenaza percibida.
Agentes sociales evalúan y relacionan el aumento de esta lacra al de la extendida pornografía en soportes digitales. A esta circunstancia, se suma el que muchos agresores viralizan en redes los ataques a sus víctimas. Es por ello también que los docentes insistimos en educar en un uso responsable de las nuevas tecnologías enfocado a los menores. No somos el foco de atención para ser grabados, sino el agente de autoridad y de respeto social que inculque valores educativos de corte preventivo. ¿A dónde vamos a llegar?
Afortunadamente, representantes de nuestro sindicato como el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández, ha expresado a los medios de comunicación un absoluto rechazo a este método que afecta a la intimidad del menor y socava la autoridad del docente. Desde luego, dando por hecho que estos métodos son aceptables en caso de sospechas concretas bajo orden judicial. Te mostramos algunos enlaces donde puedes adquirir más información sobre estos temas.
