Demandaremos más tiempo y diálogo antes de que el Gobierno central envíe al Congreso el proyecto de la nueva ley educativa. Como sindicato con más representación en la escuela pública nos reuniremos mañana con la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María José Guerra Palmero, a quien advertiremos de que el texto que conforma la LOMLOE -elaborado la legislastura anterior- no permitirá emprender la reforma global que necesita el sistema de enseñanza en España y que es necesario, además, promover a nivel estatal un pacto educativo que dé estabilidad a las nuevas políticas.
Recordamos que el documento legislativo se diseñó con la mirada puesta en una "legislatura de transición", pero advertimos de que no da respuesta a todas las demandas del sistema público de enseñanza, que van desde garantizar la vertebración y la cohesión territorial hasta permitir los cambios que requieren los currículos o mejorar las condiciones laborales del profesorado.
Consideremos que es un paso importantísimo que se derogue la LOMCE, tal y como hemos exigido en numerosas ocasiones, y que se acabe con sus nefastos efectos. No obstante, también es prioritario que no se caiga en los mismos errores y se apruebe sin apoyos, ya que solo de esta forma podrá perdurar en el tiempo y ayudar a corregir algunas de las inercias históricas que lastran el sistema educativo español.
Valoramos que la Consejería haya citado mañana a todos los sindicatos para recabar sugerencias sobre la futura ley.
La intención del Gobierno central es rescatar la reforma educativa de la LOMCE aprobada hace un año, en el último Consejo de Ministros previo a las elecciones, después de que la tramitación parlamentaria en el Congreso tuviera que suspenderse por la convocatoria electoral. De esta forma, las modificaciones de la ley solo se podrían acometer una vez que el documento llegara al Parlamento en el trámite de enmiendas.
La previsión es que la arquitectura de la nueva ley sea el resultado de la reforma de la LOMCE y la LOE. Sin embargo, somos partidarios de diseñar un articulado independiente para poder redactar de principio a fin la nueva ley y adaptarla a las necesidades reales del sistema educativo actual.
