Desde ANPE Canarias, el sindicato con mayor representación entre el profesorado del Archipiélago, hacemos balance de 2025 poniendo en valor los avances parciales que se han logrado en determinados aspectos de la enseñanza pública de las Islas y, a su vez, alertando de la persistencia de carencias y necesidades que comprometen la eficacia del sistema educativo y el adecuado desarrollo de la labor del profesorado. En este sentido, valoramos positivamente la firma de la modificación del Acuerdo de mejora del Sistema Público Educativo de Canarias y las sentencias favorables a los derechos del personal docente logradas por nuestros servicios jurídicos, pero advertimos de que los presupuestos de 2026 no garantizan el incremento de recursos que exigen la atención a la diversidad y la mejora de infraestructuras. Reclamamos una mayor inversión y un compromiso firme de las administraciones para situar la educación pública en el centro de sus prioridades políticas.
En cuanto a los avances, valoramos la reducción de ratios, el refuerzo parcial de determinados especialistas y el incremento moderado de plantillas aplicados este curso, fruto del acuerdo alcanzado en abril con la Consejería de Educación. Estas medidas continuarán desplegándose durante los próximos dos cursos, aunque resultan aún insuficientes para responder a las necesidades reales del sistema educativo canario.
A lo largo de 2025, los servicios jurídicos de nuestro sindicato han logrado también importantes avances, entre ellos el reconocimiento del derecho del personal interino del antiguo cuerpo de Profesores Técnicos de FP a percibir las mismas retribuciones que el profesorado integrado en el cuerpo de Secundaria, así como que se reconozca el cómputo de los períodos de vacaciones como experiencia a efectos de listas y servicios prestados, consolidando así en los tribunales importantes garantías para el conjunto del profesorado que la Consejería ha comenzado a trasladar al ámbito administrativo.
Financiación educativa
Pese a todo, los presupuestos para 2026, aprobados por el Parlamento autonómico este mismo mes, se quedan muy cortos y apenas contribuyen a avanzar hacia el objetivo legal del 5% del PIB en inversión educativa. El desafío más urgente es la atención a la diversidad, ya que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo continúa aumentando mientras los recursos no crecen al mismo ritmo. Faltan especialistas, medidas adicionales de reducción de ratios y refuerzos en el apoyo para alumnado no hispanohablante. Desde ANPE recordamos que hemos presentado un plan con 90 medidas para avanzar hacia una inclusión real.
Desde ANPE insistimos también en la necesidad de poner en valor la función docente, mejorar las condiciones laborales y avanzar en la estabilización del profesorado, cuya tasa de interinidad sigue situada en torno al 30%. Reclamamos, además, garantías para que el personal docente con experiencia acumulada en Canarias pueda mantener sus puestos de trabajo.
En relación con la reducción de la burocracia, exigimos que las medidas anunciadas se traduzcan en mejoras reales y permaneceremos vigilantes ante la implantación de la nueva plataforma Doramas y el plan de simplificación administrativa. Es necesario también replantear el elevado número de protocolos existentes, que asignan obligaciones específicas al profesorado en múltiples aspectos y contribuyen a su sobrecarga burocrática. Entre ellos, destaca la necesidad de modificar cuanto antes el protocolo de intervención ante riesgo suicida, que nos atribuye al personal docente funciones que corresponden al ámbito sanitario.
Por último, recordamos que continúan existiendo importantes carencias en cuanto a infraestructuras y equipamientos educativosLa reforma, la ampliación, el mantenimiento y la climatización de la red de centros educativos, así como la renovación de los equipamientos, se ven lastradas por un déficit crónico de inversión que sigue sin corregirse.
Para ANPE Canarias, tanto la Administración autonómica como la estatal deben responder con hechos a estos desafíos en 2026 y situar la educación pública en el centro de sus prioridades.
