Lamentamos que la nueva ley educativa, que se aprobó ayer en Consejo de Ministros, nace sin consenso y con escasa proyección de futuro. La denominada "Ley Celaá" (en alusión al nombre de la ministra del área) no cuenta con el respaldo de toda la comunidad educativa y no incluye medidas imprescindibles para acometer una reforma profunda del sistema.
Lamentamos que el Gobierno central haya desaprovechado una oportunidad como esta para emprender cambios estructurales del sistema. Estamos de acuerdo con que se derogue la LOMCE, pero el texto que se ha presentado se elaboró durante la legislatura pasada, que fue una legislatura de transición, y ya entonces señalamos muchas de las carencias que encontramos. Ahora, un año después y con casi toda la legislatura por delante, no entendemos que no se ponga en marcha un diálogo profundo para que acordemos una ley que satisfaga a la amplia mayoría de la comunidad educativa y, por ende, a nuestra sociedad.
Si la nueva ley no tiene consenso significa que estamos abocados ante un cambio de Gobierno a volver a deslegislar y legislar.
Compartimos determinados cambios – relacionados con medidas académicas, el diseño curricular, la estructura de los ciclos y el funcionamiento de los centros-, pero desaprobamos otros, como la posibilidad de obtener el título de Bachillerato teniendo una materia pendiente. Hasta ahora había que aprobar todas las asignaturas para conseguir esta certificación que permitiera acceder a los estudios universitarios.
Además, la arquitectura de la nueva ley es el resultado de la reforma de la LOMCE y la LOE. Nosotros somos siempre partidarios de diseñar un articulado independiente para poder redactar de principio a fin la nueva ley y adaptarla a las necesidades reales del sistema educativo actual.
La propuesta de la ministra Isabel Celaá debe pasar ahora por el Parlamento antes de llegar a las aulas. El objetivo del Gobierno es que sea la primera ley que se apruebe esta legislatura.
