Ante algunas afirmaciones que están circulando, desde ANPE Canarias consideramos oportuno recordar, con ánimo puramente informativo, cómo se gestiona el uso de espacios de los centros educativos públicos por parte de personal externo.
La utilización de los centros por entidades de la sociedad civil para realizar actos diversos es una práctica más que habitual. Organizaciones sociales y profesionales, colectivos culturales, grupos de Carnaval y asociaciones de diferente índole desarrollan actividades en centros educativos de Canarias de manera frecuente.
De hecho, existe un procedimiento reglado denominado ‘Autorización del uso de instalaciones de edificios educativos por personal externo’ cuyo objeto es precisamente “Autorizar a personas ajenas a la comunidad educativa para las actividades que les son propias, los locales, dependencias y medios del centro, siempre que no interfieran en el normal desarrollo de las actividades previstas en la Programación General Anual, siendo responsables del buen uso de los mismos”. Está disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, e incluye un formulario detallado de solicitud y la documentación exigida, entre la que se incluye la correspondiente cobertura de seguro, como marca la normativa vigente. Este procedimiento, lejos de ser una anomalía, forma parte del normal funcionamiento de los centros públicos y del principio de apertura a su entorno social.
ANPE ha venido realizando actividades desde hace décadas en diferentes centros educativos siguiendo los cauces establecidos, incluyendo la aprobación del Consejo Escolar o Consejo Social del centro, según el caso, y de la Dirección Territorial o Insular, así como la aportación de la póliza de seguro y el proyecto de la actividad. Así lo hemos hecho este mismo año para diferentes actos tanto en el CIFP La Laguna como en el CIFP Virgen de Candelaria y en el IES La Laboral. Todo ello, con absoluto respeto a la autonomía de los centros y al trabajo de sus equipos directivos. Tanto es así que, como es natural, en algunas ocasiones se nos ha autorizado a llevar a cabo las actividades previstas y en otras no, dependiendo de las características del espacio y de la agenda de los propios centros.
Por tanto, resulta llamativo que se pretenda presentar este funcionamiento ordinario como algo excepcional o irregular. Lamentamos que se acabe trasladando así una imagen distorsionada de la realidad que pone injustamente en una posición incómoda a los centros y a sus equipos directivos.
Desde ANPE seguiremos defendiendo, como siempre, una educación pública participativa y abierta a la sociedad.
