El Boletín Oficial del Estado publica hoy el RD-Ley 31/2020 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Después de hacer un análisis del texto, ANPE Canarias, sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria del Archipiélago, quiere hacer un llamamiento a nivel nacional a todos los grupos parlamentarios para que no convaliden los artículos relativos a la promoción y titulación del alumnado, puesto que el real decreto deja en manos de las comunidades autónomas estos criterios. Esto supone una dejación de funciones por parte del Ministerio -los títulos deben ser homogéneos en todo el territorio nacional- y un potencial aumento de la desigualdad de oportunidades entre el alumnado de unas regiones y otras.
En el artículo 5 del RD-Ley 31/2020, sobre los criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y en el artículo 6 sobre los criterios para la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, se traslada a las Comunidades Autónomas la capacidad de regular los criterios de promoción y titulación. La redacción de estos artículos permite a los centros y a los equipos docentes que modifiquen de manera excepcional estos criterios, en base a lo que regule cada administración educativa. En lo que respecta a la titulación en ESO y Bachillerato, recoge también que, dicha decisión, “no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones.”
Para el sindicato ANPE, este decreto pone en evidencia la dejación de funciones por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es competencia del Estado la expedición de títulos académicos como recoge el artículo 149.1 de la Constitución. “Los criterios de promoción y titulación deberían ser comunes para todo el territorio nacional, como son hasta ahora”, advierte Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
Cabe recordar que la LOMCE, y también las leyes anteriores, solo permiten promocionar de curso en ESO y Bachillerato con dos materias pendientes, siempre que no sean Lengua y Matemáticas y, excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias cuando estas sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, o en tres que no incluyan al mismo tiempo a las dos anteriores. Además, es necesario que esos criterios sean comunes en todos los territorios, pues los títulos académicos, que expide el Ministerio de Educación, tienen validez en todo el Estado.
A juicio de ANPE, no se puede dejar al albur de las comunidades autónomas la regulación de los criterios de promoción y titulación y trasladar la responsabilidad de modificarlos a los centros y equipos docentes. “Si se mantiene esta redacción no solo se quiebra el principio de inseguridad jurídica, sino que también se vulneraría el principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación. Esta decisión agravaría la brecha ya existente entre las Comunidades Autónomas”, añade Crespo.
A lo anterior hay que sumar el mensaje contrario a los valores de esfuerzo y mérito del alumnado, que emana de la propia norma, en la que se recoge explícitamente que la promoción y titulación no quedará supeditada a la existencia de materias suspensas.
Para ANPE, buscar la promoción y la titulación automática del alumnado, sin considerar el número de materias no superadas, no es la solución contra el fracaso escolar ni son medidas útiles para contrarrestar los efectos negativos que, a nivel académico, está produciendo la pandemia.
El alumnado de la enseñanza pública será el más perjudicado por esta medida, fundamentalmente el de las clases sociales más desfavorecidas, pues no podrá compensar los déficits de aprendizaje por otro medio distinto. Aumentará aún más la brecha social y minimizará las posibilidades de la enseñanza pública como “ascensor social” para los grupos de alumnos más desfavorecidos.
Por tanto, ANPE pide al Gobierno que, por RD-Ley, obligue a bajar las ratios máximas de alumnos por aula y el horario lectivo del profesorado en todas las Comunidades Autónomas. Esto propiciaría una atención más individualizada al alumnado y ayudaría a suplir los déficits de aprendizaje del curso anterior, mejorando los resultados académicos de los alumnos. Esta sería la mejor forma para ayudar a que el máximo número de alumnos puedan promocionar de curso con todas las garantías, además, aumentaría el número de titulados que han superado todas las materias sin necesidad de modificar la normativa estatal al respecto.
En 2012, por RD ley se subieron las ratios máximas de alumnos por aula y el horario lectivo del profesorado, debido a la “extraordinaria y urgente necesidad”; ahora es el momento de tomar la misma medida, pero en sentido contrario. Es por ello por lo que, ANPE reclama a los grupos parlamentarios que no convaliden los artículos 5 y 6 del RTD-Ley 31/2020 y, a su vez, urge de nuevo al Gobierno a que realmente apueste por mejorar el sistema educativo e invierta en Educación.
