Desde ANPE, como primera fuerza sindical entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria, hacemos un llamamiento a la Consejería de Educación para consolidar y extender en el curso 2025-2026 los acuerdos alcanzados a finales del curso pasado, que incluyen la reducción de las ratios máximas y la mejora de las plantillas docentes. Hay que poner en valor en valor estos avances, pero advertimos de que corren el riesgo de quedarse en un paso aislado si no se incrementa la inversión educativa y se acometen medidas estructurales.
El acuerdo entre sindicatos y Consejería prevé su despliegue progresivo durante tres cursos. En este primer año se reducen las ratios en Infantil de 4 y 5 años de 23 a 20 alumnos, en 1º y 2º de Primaria de 25 a 22, y en 2º de la ESO de 27 a 25. Asimismo, se aumenta el número de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Orientación Educativa. No obstante, con la reducción parcial de ratios no se resuelven los retos estructurales de la educación en Canarias. Se trata sin duda de un avance, pero, si no va acompañado de mayor inversión no habrá mejoras significativas y duraderas.
El actual contexto económico ofrece una oportunidad idónea para dar ese paso. Según las previsiones, el PIB de Canarias crecerá este año un 3,4%, y el límite de gasto de la Comunidad Autónoma para 2026 se incrementará en unos 500 millones, hasta alcanzar los 12.143 millones de euros. Estos datos favorables facilitan priorizar la educación en los presupuestos y alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa, como marca la Ley Canaria de Educación no Universitaria. Si no se hace ahora, lo lamentaremos cuando la coyuntura sea menos propicia.
Uno de los desafíos más acuciantes de la educación en Canarias es la atención a la diversidad. En solo cuatro años, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) ha crecido un 30% y ya supone el 12% del total. Sin embargo, los recursos no han aumentado al mismo ritmo. Faltan más especialistas, medidas adicionales de reducción de ratios en aulas con varios alumnos con NEAE y programas de apoyo idiomático e integración para alumnado no hispanohablante.
De igual forma, llamamos la atención sobre la situación de los auxiliares educativos, esenciales para la atención del alumnado con necesidades especiales. La escasez de este personal en los centros y la externalización del servicio siguen mermando su eficacia. Más allá de las medidas a medio plazo anunciadas por la Consejería, son necesarias también acciones a corto plazo. ANPE ha planteado a la Consejería un plan que incluye noventa medidas para avanzar hacia una inclusión efectiva del alumnado. De momento, estamos a la espera de respuesta.
Las condiciones laborales del profesorado constituyen otro de los asuntos pendientes. Llevamos más de una década perdiendo poder adquisitivo, diez puntos desde 2020, y varios años con complementos congelados; es el momento de revertirlo. Exigimos también estabilidad para el profesorado, cuya tasa de temporalidad ronda aún el 30% a pesar de los procesos de estabilización. Como reivindicación inmediata, planteamos que todos los interinos con experiencia en centros de Canarias sean nombrados para el curso completo en la posadjudicación de destinos.
Desde ANPE Canarias esperamos también que este curso se apliquen acciones efectivas para reducir la excesiva carga burocrática del profesorado, que nos dificulta cada vez más dedicarnos a labores estrictamente docentes. La Administración está poniendo en marcha una nueva plataforma informática de gestión educativa y ha publicado un plan de simplificación administrativa, pero su eficacia dependerá mucho de la manera en qué se concreten las medidas incluidas.
Igualmente, hacemos hincapié en el retraso que mantiene Canarias en la extensión del primer ciclo de infantil (0-3 años) en la enseñanza pública. El curso pasado se llegó a 2.237 plazas públicas, 1.500 menos de las previstas en el plan estratégico. Urgen acciones para responder a la demanda existente.
El clima es otro factor que empieza a marcar con fuerza la vida escolar. Se debe acelerar la climatización de aulas, la creación de zonas de sombra y el techado de canchas, así como la eliminación de barracones y la rehabilitación energética de edificios. En el contexto actual, se trata de una necesidad básica para garantizar el derecho a la educación en condiciones seguras. La dificultad de acceso a la vivienda en islas y municipios tensionados supone otra amenaza que está provocando renuncias de docentes a sus nombramientos. sin necesarias medidas concretas, como convenios específicos de vivienda pública para docentes y compensaciones por el sobrecoste residencial.
Para tener una educación pública de calidad y capaz de afrontar sus retos, hay que ir más allá de las medidas puntuales. Necesitamos inversión real, infraestructuras adaptadas al siglo XXI, estabilidad y reconocimiento para el profesorado. Solo así podremos garantizar que todo el alumnado, viva donde viva y tenga las necesidades que tenga, acceda a las mismas oportunidades.
