El pasado jueves, 21 de noviembre, participamos en una mesa técnica en la que se trataron tres asuntos muy relevantes: ratios, burocracia docente y protocolo de riesgo suicida.
En el marco del seguimiento del Acuerdo para la mejora del sistema educativo de Canarias, firmado en 2022 por los sindicatos docentes y el anterior equipo de la Consejería, reiteramos nuestra exigencia de que se negocie y se ponga en marcha un plan plurianual que permita reducir las ratios de manera generalizada en toda la enseñanza no universitaria.
Desde ANPE insistimos en que la pequeña disminución de ratios aplicada este año en algunos cursos es completamente insuficiente para atender de manera adecuada la diversidad existente en las aulas del Archipiélago. En este sentido, recalcamos la importancia de que el número de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo sea tenido especialmente en cuenta a la hora de determinar las ratios de cada aula.
Recordamos a la Administración que aún estamos lejos de alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa que fija como suelo la Ley Canaria de Educación no Universitaria, por lo que objetivamente existe margen para incrementar la financiación y aumentar las plantillas docentes.
Respecto a la burocracia docente, se iniciaron las conversaciones para acordar medidas destinadas a reducirla. Como señalamos, es fundamental que se cuantifiquen en horas todas las labores de tipo administrativo asignadas al profesorado para situar la cuestión en sus justos términos. En ANPE ya hemos empezado a hacer ese trabajo, y la cantidad de tiempo resultante es abrumadora.
Además, subrayamos que no se parte de cero para buscar soluciones, ya que desde ANPE y desde otras instancias, como el Consejo Escolar de Canarias, se han presentado varios paquetes de medidas para reducir el exceso de carga burocrática que está lastrando la labor docente.
En cuanto al Protocolo de intervención ante riesgo suicida para las instituciones educativas de Canarias, en vigor desde este curso, volvimos a pedir que se retire. Somos conscientes de la importancia de este asunto y recalcamos que el profesorado está dispuesto a formarse y a colaborar, pero no creemos que esta sea la forma adecuada. El documento atribuye al profesorado, especialmente a especialistas de orientación y a las direcciones de los centros, funciones y responsabilidades adicionales que no corresponden a nuestra competencia y que incluso invaden el ámbito de los profesionales sanitarios.
El protocolo se ha puesto en marcha sin negociarse previamente con la representación del profesorado y sin apenas información, lo que está trayendo como consecuencia que en algunos centros se esté aplicando con excesiva frecuencia de forma preventiva, ante el miedo a las posibles consecuencias de no hacerlo. Entendemos que en este contexto, el Gobierno de Canarias debe retirar el protocolo y negociar su modificación con el profesorado para adaptarlo a la realidad de las aulas.
