Hoy, martes 1 de octubre, hemos participado en una mesa técnica del personal docente no universitario en la que la Administración ha presentado el borrador del decreto de convivencia y bienestar escolar para la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta nueva norma sustituirá al Decreto 114/2011, de 11 de mayo, vigente actualmente.
Desde ANPE Canarias hemos presentado un listado detallado de propuestas para incluir en el futuro decreto:
1. Refuerzo del papel del profesorado
Planteamos incluir en el preámbulo el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado en el ejercicio de su función, establecer expresamente que los partes de incidencias firmados por el personal docente tengan valor probatorio suficiente, con el fin de evitar que se cuestionen sistemáticamente, e incorporar un artículo que garantice que cualquier medida de convivencia debe contar con la participación y, en último término, la decisión del profesorado implicado.
2. Protección real y defensa jurídica
Pedimos la creación de una Unidad de Asesoramiento y Defensa Jurídica Docente dependiente de la Consejería, con teléfono y correo electrónico de atención inmediata y el establecimiento de un plazo máximo de 24 horas para que el profesorado afectado por agresiones o situaciones de conflictividad reciba asistencia jurídica y psicológica tras una denuncia.
3. Formación en convivencia obligatoria y práctica
Reivindicamos que al menos un 20% del plan anual de formación de la Consejería esté destinado a convivencia, gestión de aula y mediación. Asimismo, proponemos que se establezca una formación inicial obligatoria en convivencia para docentes en su primer año de servicio y que se programen cursos prácticos de autodefensa verbal y técnicas de resolución de conflictos acreditados y con reducción horaria.
4. Normas claras y sanciones efectivas
Vemos necesario un reglamento anexo al decreto con un listado exhaustivo de conductas tipificadas como faltas leves, graves y muy graves, junto con sus respectivas sanciones, así como la obligatoriedad de que toda sanción tenga un plazo máximo de resolución de 5 días hábiles (a fin de evitar procesos que se dilatan y pierden eficacia) y garantías de que las sanciones no se podrán anular sin justificación escrita por parte de la Administración. Planteamos además incluir sanciones pedagógicas, como reparación material de daños, realización de trabajos en beneficio del centro, y sesiones obligatorias de formación en convivencia o civismo.
5. Equipos externos de apoyo a la convivencia
Proponemos crear un Servicio Canario de Apoyo a la Convivencia Escolar con equipos itinerantes que intervengan en los centros que presenten más situaciones de conflictividad. Consideramos que ha de establecerse un mínimo de un equipo móvil por cada 20.000 alumnos/as escolarizados o, como mínimo, por isla, e incluirse la figura del educador o la educadora social para trabajar con las familias que lo precisen y con alumnado reincidente en conductas conflictivas. Cualquier centro debe poder solicitar ayuda al correspondiente equipo externo y recibir respuesta en un máximo de 72 horas.
6. Menos burocracia, más eficacia
Consideramos imprescindible implantar una plataforma única digital para todos los trámites de convivencia (partes, sanciones, medidas, informes), eliminar la obligación de duplicar informes (ejemplo: si se registra en la aplicación, no se debe exigir en papel) y garantizar que cualquier protocolo nuevo de convivencia se acompañe de recursos humanos adicionales o reducción horaria para los equipos docentes implicados.
7. Participación del alumnado y las familias con límites claros
Planteamos la creación de un código de buenas prácticas para familias, de forma que toda familia que atente contra la dignidad de un docente pueda ser sancionada con la suspensión temporal del derecho de asistencia a tutorías presenciales. Por otro lado, sugerimos la inclusión de la figura de alumnado ayudante-mediador con formación específica, siempre bajo supervisión del profesorado y sin sustituir funciones de los equipos docentes o de orientación, y reclamamos que las medidas restaurativas (mediaciones, conciliaciones, reparación) no puedan sustituir a las sanciones en casos de faltas graves o muy graves.
8. Recursos mínimos en cada centro
Vemos fundamental mejorar las ratios de orientadores/as de la siguiente forma:
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EOEP: 1 cada 200 alumnos/as
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IES: 1 si hay entre 1 y 500 alumnos/as, 2 si hay entre 500 y 800 alumnos/as, 3 si hay más de 800 alumnos/as.
De igual forma, reclamamos que sea obligatorio que los EOEP cuenten con un/a técnico de convivencia, así como dotar a los centros de una partida económica anual específica para convivencia, con el fin de llevar a cabo talleres, cursos, etc.
Hemos transmitido nuestra queja a la Administración educativa por no haber podido contar con un borrador del documento con el que trabajar antes de la mesa y haber tenido que hacer nuestras aportaciones sobre el decreto vigente.
Seguiremos informando sobre las novedades en torno a este nuevo decreto de convivencia y bienestar escolar.