Desde ANPE, como sindicato más representativo del profesorado de la enseñanza pública en Canarias y en el conjunto del Estado, lamentamos el insuficiente incremento de la financiación educativa contemplado en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026. Un aumento tan leve como este impide avanzar de manera significativa hacia una inversión del 5% del PIB en Educación.
Este porcentaje no es una declaración de intenciones ni una referencia orientativa, sino un imperativo legal recogido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, que sigue sin cumplirse desde que la disposición entró en vigor, hace ya cuatro años. Un año más, nos mantenemos mucho más cerca del 4% que del 5%, cuando el contexto económico ofrecía una gran oportunidad para dar un paso relevante hacia ese compromiso. El incremento porcentual de la inversión educativa es muy similar al del conjunto de las cuentas autonómicas, por lo que el ámbito educativo continúa sin ganar peso relativo en el presupuesto.
En todo caso, el Parlamento de Canarias está todavía a tiempo de corregir las cuentas, al menos parcialmente, durante el trámite de enmiendas. Desde ANPE ya hemos mantenido reuniones con los grupos políticos de la Cámara para trasladarles las necesidades más urgentes de la enseñanza pública y la importancia de que se reflejen en los presupuestos.
Retos pendientes
Entre las prioridades que requieren una inversión mayor, destaca la necesidad de aumentar las plantillas docentes y reforzar la dotación de especialistas y personal auxiliar, imprescindibles para atender adecuadamente al alumnado y garantizar el correcto funcionamiento de los centros. También es fundamental mejorar la atención a la diversidad y avanzar en la inclusión educativa, así como ampliar la oferta del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).
Asimismo, es urgente renovar la red de infraestructuras educativas y acelerar las medidas para adaptar los centros a las altas temperaturas, un problema cada vez más acuciante en las aulas del Archipiélago y que ya ha provocado en dos ocasiones la suspensión de la actividad lectiva presencial.
Denunciamos también el estancamiento retributivo del profesorado, con complementos que siguen sin actualizarse. Se continúan estableciendo 35 euros por ejercer la función tutorial, una cantidad irrisoria para la responsabilidad y la carga de trabajo que conlleva. Además, algunos complementos recogidos tanto en presupuestos anteriores como en el actual proyecto de ley no se están abonando; es el caso de los relativos a las áreas de igualdad, patrimonio, FP dual, innovación, emprendimiento y orientación profesional.
Es necesario modificar el injusto sistema de abono del complemento por formación permanente, que retrasa los efectos económicos de cada nuevo sexenio hasta el 1 de enero del año siguiente. Esto genera un agravio comparativo injustificado entre docentes, ya que quienes cumplen un sexenio en enero deben esperar casi un año para percibirlo, mientras que quienes lo hacen en diciembre lo cobran en apenas un mes.
Finalmente, no nos olvidamos de que el Gobierno del Estado debe implicarse más en la financiación del sistema educativo público en Canarias, especialmente en aspectos como las infraestructuras o la atención al alumnado migrante no acompañado.
