Este jueves, 12 de marzo, se ha celebrado una mesa técnica entre la Consejería de Educación de las organizaciones sindicales representativas del profesorado para analizar las modificaciones propuestas por la Administración al Protocolo de intervención ante riesgo suicida en instituciones educativas de Canarias.
ANPE ha señalado que los cambios planteados por la Consejería no resuelven los problemas de fondo del protocolo vigente, que continúa trasladando al profesorado responsabilidades que corresponden a profesionales sanitarios especializados en salud mental y no incide en la prevención, un aspecto que si entra dentro de las funciones del personal docente y de los centros educativos.
Hemos reconocido que el nuevo borrador contiene algunos aspectos positivos del borrador, como la aclaración sobre la exención de responsabilidad clínica del profesorado al realizar cuestionarios o la posible implicación de la enfermería escolar. Sin embargo, estas modificaciones no corrigen el enfoque erróneo del protocolo, ya que se sigue exigiendo al profesorado aplicar una herramienta diseñada para evaluar el riesgo suicida y activar actuaciones en función de sus resultados. En este sentido, hemos recalcado que no se trata solo de si el personal docente adquiere o no responsabilidad de algún tipo, sino de que está en juego la vida de personas que necesitan la intervención de profesionales especialistas.
ANPE ha reiterado que la evaluación del riesgo suicida debe corresponder a profesionales sanitarios especializados, como psiquiatras o psicólogos clínicos. Por ello, ha vuelto a defender la propuesta que trasladó a la Administración en octubre, que incluye la creación de equipos de salud mental infantojuvenil dependientes de Sanidad disponibles para acudir con rapidez a los centros educativos cuando se detecte cualquier indicio de riesgo.
Asimismo, hemos insistido en que un protocolo sobre riesgo suicida destinado a los centros educativos debe centrarse fundamentalmente en la prevención, que es la principal aportación que puede realizar el profesorado. En este sentido, hemos defendido reforzar el trabajo preventivo a través de las tutorías, programas de educación emocional, formación del profesorado, talleres para familias y creación de espacios seguros de escucha y acompañamiento para el alumnado, entre otras posibles medidas.
En definitiva, ANPE ha dejado claro que las modificaciones planteadas resultan insuficientes y reclama una revisión profunda del protocolo basada en una coordinación real entre Educación, Sanidad y Bienestar Social, con un papel central de los profesionales sanitarios y un enfoque claramente preventivo en lo que se refiere a la labor del personal docente.
Incluimos como archivo adjunto la propuesta alternativa de protocolo ante riesgo suicida planteado por ANPE Canarias.
Adjudicación de destinos de Religión 2026-2027
También se abordó en la mesa técnica la normativa que regirá el procedimiento de adjudicación de destinos del profesorado de Religión para el curso 2026/2027.
Desde ANPE hemos transmitido a la Administración las aportaciones y propuestas que nos ha trasladado el profesorado para reforzar los criterios de transparencia, objetividad, estabilidad y mejora de las condiciones laborales.
Entre las reivindicaciones planteadas destacan:
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la corrección de disfunciones en la orden y su adaptación a la realidad del profesorado de Religión;
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la revisión y mejora del baremo de méritos, con criterios más justos, claros y proporcionados;
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la posibilidad de recuperar en la aplicación las peticiones realizadas el curso anterior;
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la opción de solicitar destinos no solo por centros, sino también por municipios o por isla;
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la incorporación de una opción de completado de jornada en la isla;
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la posibilidad de prorrogar el destino, mediante nombramiento, cuando se mantengan las condiciones horarias y los centros del curso actual;
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mayor seguridad jurídica y una regulación más clara de los criterios de adjudicación;
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la necesidad de negociar un convenio colectivo propio para el profesorado de Religión, que permita dotar al colectivo de un marco estable de derechos y condiciones laborales.
