Hoy, martes 8 de abril, se ha abordado en una mesa técnica el Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias, vigente desde este curso. Además de la Administración educativa y de los sindicatos docentes, han participado en la mesa representantes de la Consejería de Sanidad, máxima responsable del contenido del protocolo.
Buena parte del encuentro se centró en el contenido de la solicitud que presentamos el pasado mes de diciembre sobre este asunto, en la que se recogían quejas y propuestas aportadas por docentes de más de cien centros educativos de las Islas. Desde ANPE hemos vuelto a dejar clara nuestra postura y a reiterar que el documento debe ser negociado con los sindicatos docentes para introducir modificaciones, ya que afecta a las condiciones de trabajo del profesorado.
De cara a esa negociación, nuestra propuesta es muy clara: debe conformarse en cada isla un equipo de profesionales sanitarios especializado en la atención a situaciones de riesgo suicida en centros educativos, de forma que, ante la detección de un posible caso, cualquier centro pueda contactar directamente con este equipo para que acuda e intervenga ese mismo día. Hasta su llegada, el profesorado puede ir recabando información, pero no “valorar de forma precisa el nivel de riesgo suicida y el posible riesgo inminente” ni “articular medidas de prevención y actuación adecuadas al nivel de riesgo detectado”, que es lo que recoge actualmente el protocolo, ya que esas son tareas que deben reservarse a profesionales.
Estamos completamente de acuerdo en que los centros tienen que trabajar para prevenir el suicidio, colaborar ante la aparición de una situación de riesgo y facilitar cualquier tipo de contacto que sea necesario con familiares u otras personas cercanas al alumno o alumna. No tenemos ninguna duda en este sentido, pero ha de quedar claro que las labores de evaluación del riesgo y de articulación de las medidas que correspondan deben realizarlas profesionales sanitarios y que no puede recaer sobre el personal docente responsabilidad alguna en este sentido.
Hemos explicado también a los representantes de la Consejería de Sanidad que la vigilancia continua al alumno o alumna es situación de riesgo suicida que se exige en el protocolo es inviable en los centros educativos. Esto exigiría que una persona se dedicara exclusivamente a esta vigilancia, pero no hay personal suficiente para hacerlo. Si en un centro hay solo dos docentes de guardia en los recreos para más de 800 alumnos y alumnas, ¿cómo puede cumplirse esta medida?
Confiamos en que nuestras explicaciones y exigencias sean atendidas y que, en consecuencia, los aspectos del protocolo que afecten al personal docente sean objeto de negociación en las mesas correspondientes.
