Desde ANPE Canarias hemos registrado en el día de hoy una solicitud dirigida al director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación sobre las Instrucciones para la evaluación y calificación del alumnado en Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, de aplicación a partir del curso 2026/2027.
Estas instrucciones se publicaron el 7 de octubre, cuando los centros ya habían elaborado y aprobado sus programaciones y habían dado a conocer a alumnado y familias los criterios de calificación. Esto obliga a revisar acuerdos ya adoptados y a reelaborar programaciones con la actividad lectiva en marcha, lo que genera incertidumbre y un trabajo añadido que vuelve a recaer sobre el profesorado.
Tampoco compartimos el modelo de calificación. Las instrucciones establecen que todos los criterios de evaluación tienen la misma importancia y que no se pueden asignar puntuaciones ni ponderaciones a los instrumentos de evaluación. Esto resta autonomía y criterio profesional al profesorado, que no puede valorar el peso de cada aprendizaje según la materia. Las consecuencias son especialmente delicadas en secundaria y, sobre todo, en Bachillerato, donde el alumnado se prepara para la PAU y para unos estudios universitarios en los que las calificaciones numéricas son fundamentales.
Las instrucciones carecen, además, de orientaciones precisas. Para fijar el nivel de logro, las instrucciones permiten elegir entre el nivel más alto registrado, el que más se repite o el último alcanzado, sin indicar cuándo aplicar cada opción. Ante evidencias similares podrían adoptarse calificaciones distintas, con el riesgo de disparidad de criterios y de conflictividad en las reclamaciones.
Asimismo, suponen una nueva carga burocrática. Concretar, documentar y justificar procedimientos, instrumentos, evidencias y niveles de logro y su conversión en calificaciones contradice el objetivo de reducir las tareas burocráticas del profesorado, que necesita más tiempo para preparar las clases y atender al alumnado.
Por todo ello, reclamamos:
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La retirada de las instrucciones, manteniendo los criterios de calificación recogidos en las programaciones didácticas aprobadas por los centros.
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Que se impulse la revisión del marco normativo que sustenta este modelo de evaluación, a través de los cauces de coordinación con el Ministerio de Educación.
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Con carácter alternativo, y solo si no se atiende la petición de retirada, una serie de medidas para mitigar su impacto:
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Aplicación progresiva y periodo transitorio durante los cursos 2026/2027 y 2027/2028, respetando las programaciones ya aprobadas.
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Instrucciones complementarias, guías y ejemplos que aclaren cómo determinar el nivel de logro y trasladar las evidencias a la calificación.
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Orientaciones homogéneas y respaldo técnico y jurídico al profesorado, en particular ante reclamaciones.
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Simplificación documental y tiempo para realizar las tareas, de modo que ninguna nueva exigencia se cumpla a costa de ampliar la jornada efectiva del profesorado.
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Formación y asesoramiento en los propios centros y dentro del horario laboral, con un repositorio oficial de preguntas frecuentes.
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Publicación urgente de las rúbricas oficiales de Educación Infantil y Bachillerato, que las instrucciones establecen como referencia y que aún no están a disposición del profesorado.
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Seguiremos trabajando para que la evaluación respete la autonomía del profesorado y no suponga una nueva sobrecarga burocrática.
