El Defensor del Profesor, servicio de asistencia al profesorado agredido puesto en marcha y gestionado por el sindicato ANPE Canarias, alerta de un incremento de la conflictividad en los centros educativos de las Islas, impulsado por el aumento de casos en la enseñanza secundaria.
Según los datos recogidos en su memoria anual y presentados hoy en rueda de prensa, un total de 141 docentes se pusieron en contacto con el servicio durante el curso 2021/2022 para denunciar algún tipo de incidente en los centros educativos, frente a los 130 que lo hicieron el año anterior.
La causa apuntada por El Defensor del Profesor para explicar este crecimiento de la conflictividad es la subida de las ratios aplicada en secundaria respecto al curso precedente: mientras que en 2020/2021 se contrató a un gran número de docentes de refuerzo en esa etapa educativa para cumplir las exigencias sanitarias –el llamado profesorado covid–, en 2021/2022 se redujo la cifra de nombramientos debido al relajamiento de las medidas de distancia interpersonal.
Los datos vuelven a confirmar que la disminución del número de estudiantes por docente es una medida necesaria para mejorar el clima de convivencia en los centros. En este sentido, desde ANPE ponemos en valor el acuerdo marco alcanzado por los sindicatos con la Consejería de Educación el pasado verano, que no solo incrementa en 1.600 docentes la plantilla de profesorado en la enseñanza pública respecto a la que existía antes de la pandemia, sino que incluye una cláusula que abre la puerta a la negociación de una reducción generalizada de las ratios a medio plazo en todas las etapas. Es fundamental que esa cláusula se active cuanto antes.
Hay que empezar a prestar más atención a los problemas de salud que sufre el profesorado víctima de acoso o agresiones. Cada vez más docentes requieren atención psicológica por cuadros de depresión o ansiedad asociados a los incidentes puestos en conocimiento del servicio.
Los números recogidos en la memoria referentes a la salud mental hablan por sí solos: mientras el curso anterior, el 59% de docentes que denunciaron incidentes sufrieron ansiedad o depresión, o tuvieron que causar baja médica, este último curso el porcentaje se elevó hasta el 85%. En consecuencia, las intervenciones de apoyo psicológico efectuadas por los profesionales adscritos al servicio se elevaron considerablemente.
También destaca el preocupante aumento de las agresiones físicas de alumnos al profesorado. En solo un curso, este tipo de incidentes se incrementó en más de un 100%, al pasar de 7 a 16 casos.
Mayores problemas con el alumnado
Respecto a la tipología de los casos, es de reseñar que los problemas con el alumnado crecieron en más de un 20% en relación con el año precedente, mientras que los conflictos con las familias descendieron. Así, casi tres de cada cuatro incidentes estuvieron relacionados con los alumnos. Esta situación está directamente relacionada con la subida de casos en secundaria, dado que en esa etapa educativa suele el propio alumnado ser el causante de la mayor parte de incidentes, a diferencia de los niveles inferiores, en los que el protagonismo recae más en las familias. De los 141 casos atendidos, 77 se dieron en la enseñanza secundaria; 33, en primaria; 22, en Formación Profesional Básica; 6, en Educación Infantil; y 3, en ciclos formativos.
El mayor incremento lo experimentaron los problemas para dar clase. También aumentaron las agresiones entre alumnos, las amenazas, las faltas de respeto, las denuncias sin fundamento por parte de las familias y las presiones para modificar notas. Muchos docentes denunciaron más de una situación, lo que explica que el volumen de problemas sea mayor que la cifra de docentes que hicieron uso del servicio.
En los catorce años que lleva en funcionamiento en Canarias, El Defensor del Profesor de ANPE ha asesorado y acompañado a 1.837 docentes afectados por problemas de conflictividad escolar. En toda España la cifra se eleva hasta los 42.439 casos atendidos desde que se activó el servicio a escala estatal; de ellos, 1.994 el curso pasado.
Asistencia por parte de la Administración
Un año más, los compañeros de ANPE Canarias hemos aprovechado la presentación de la memoria para poner sobre la mesa la insuficiencia de recursos con los que cuenta el profesorado para afrontar casos de violencia o acoso. Después de muchos años de insistencia, la Administración autonómica ha aprobado por fin un procedimiento de actuación para la asignación de asistencia letrada y psicológica, pero el exceso de requerimientos burocráticos lo está convirtiendo en una herramienta poco útil. Por ello, hemos pedido a la Consejería que ponga en marcha un servicio telefónico, con un número para cada provincia, al que se pueda dirigir el personal docente afectado por este tipo de incidentes para que se le atienda de forma ágil y eficaz.
