ANPE, como sindicato docente líder entre el profesorado no universitario del Archipiélago, reclama a los grupos políticos del Parlamento de Canarias una apuesta decidida por la educación pública. Desde nuestro sindicato, instamos a los diputados autonómicos a aprovechar las enmiendas al articulado de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2025, cuyo plazo de presentación concluye el próximo martes, para acercar lo máximo posible la financiación educativa al mínimo del 5% del PIB establecido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria.
Lamentamos que el Gobierno autónomo no haya aprovechado el incremento del PIB y del propio presupuesto para aumentar en mayor medida las partidas destinadas a Educación. En este sentido, recordamos que el presupuesto de la Comunidad Autónoma crece un 3,3%, respecto al presente ejercicio, mientras que la financiación educativa lo hace solo en un 2,93%, con lo que el peso relativo de esta desciende.
A nuestro juicio, la inversión prevista en Educación es muy insuficiente y se queda lejos del suelo mínimo fijado legalmente. Las leyes están para cumplirlas y la Ley Canaria de Educación es muy clara al respecto, pues establece que se ha de destinar a financiación educativa, como mínimo, un 5 por ciento del PIB del Archipiélago, algo que nunca se ha cumplido en los tres años de vigencia de esa disposición.
Las Islas arrastran déficits históricos en el ámbito educativo y sin recursos suficientes no podremos revertirlos. Hay medidas que pueden llevarse a cabo que no requieren grandes partidas, pero otras, evidentemente, sí. Nos preguntamos cómo se van a abordar, si no, asuntos como la reducción de ratios, la inclusión del alumnado con necesidades específicas de atención educativa, la extensión de la educación pública de 0 a 3 años, la integración del alumnado migrante que no habla español o la adecuación de los centros públicos.
Destacamos también la necesidad de que se salden una serie de compromisos pendientes que el Gobierno mantiene con el profesorado en cuestiones retributivas. Entre las reivindicaciones que desde ANPE hemos puesto sobre la mesa, y que aspiramos a que se satisfagan con el nuevo presupuesto, se encuentran el pago de los sexenios desde el mes siguiente a aquel en que se cumplan; la conversión de las pagas extra en verdaderas pagas dobles; el incremento de determinados complementos, como el de cargos directivos; la incorporación de nuevos complementos; y el abono de julio y agosto al personal docente interino que preste servicios durante al menos cinco meses y medio a lo largo del curso.
Hasta que no finalice el trámite de enmiendas del presupuesto hay tiempo para mejorar la inversión educativa acercándola al 5% del PIB, en lugar de alejarla, como está ocurriendo ahora.
