Desde ANPE Canarias hemos solicitado por escrito una reunión con el nuevo consejero de Educación, Poli Suárez, para trasladarle los principales desafíos a los que se enfrenta la educación pública de Canarias. En los últimos cuatro años se han dado pasos para mejorar la educación pública de las Islas -aumento de plantilla, disminución de ratios, mejora de la normativa y de la financiación-, pero son insuficientes.
Para continuar avanzando, valoramos como positiva la iniciativa del nuevo presidente, Fernando Clavijo, que durante el debate de su investidura propuso firmar un nuevo pacto educativo en Canarias. No obstante, exigimos que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones de cara a firmar ese acuerdo.
En ese sentido, ANPE entiende que el principal problema de la educación canaria es el déficit de financiación crónico que ha padecido durante años. En la actualidad, a pesar de que se ha aumentado el presupuesto educativo de forma significativa, Canarias sigue sin destinar al menos el 5% del PIB a educación no universitaria, tal como marca la ley canaria. Esta falta de recursos persistente hipoteca las políticas que se pueden llevar a cabo.
De cara a los próximos cuatro años, proponemos que el nuevo consejero acuerde con las centrales sindicales un calendario de negociaciones que permita ir atendiendo las distintas realidades a las que se enfrentan los docentes.
En primer lugar, en esa negociación deben acordarse nuevas bajadas de ratios alumnado docente. Es perentorio negociar un calendario plurianual de reducción de ratios que llegue a todos los niveles y que mejore la atención a la diversidad. Hemos conseguido reducciones puntuales, pero necesitamos que esas mejoras se amplíen y extiendan.
Asimismo, echamos en falta un verdadero plan de infraestructuras educativas que permita contar con una red digna, adecuada y suficiente de centros. Hay muchos centros obsoletos y otros que se han quedado pequeños. Además, no se han eliminado todos los barracones ni las cubiertas de amianto y es urgente seguir techando patios y mejorando la accesibilidad.
Por otro lado, el profesorado continúa teniendo un grave problema con la burocratización de la enseñanza, que lejos de reducirse ha ido a más en los últimos años. Por ello, es indispensable poner en marcha medidas de simplificación administrativa.
Una de las causas de esta sobrecarga de los equipos docentes es la escasa dotación de personal administrativo en los centros educativos públicos de Canarias. Este problema no es nuevo, pero desde ANPE hemos constatado que durante el curso pasado se han multiplicado las quejas por parte de los equipos directivos, que insisten en las complicaciones que se viven en los centros educativos por la falta de estos trabajadores.
A ello se une que las plantillas también están mermadas en los servicios centrales de la Consejería y que los aplicativos que se utilizan para acometer todos los procedimientos (concursos, adjudicaciones de destinos…) están obsoletos, lo que incide de forma negativa en la relación entre el docente y la Administración.
Por otro lado, contamos con la mejor orden autonómica reguladora de las listas de personal interino, pero hemos detectado aspectos en los que se puede seguir avanzando para mejorar sus condiciones laborales.
Además, es necesario llevar a cabo la actualización de la normativa reguladora del profesorado de religión en Canarias, negociando un convenio colectivo, de tal forma que este colectivo no sufra discriminación alguna. Solicitamos, también, que se realicen las transferencias desde el Ministerio del profesorado de educación primaria, sin que este proceso suponga retroceso alguno en sus condiciones laborales.
Con respecto al personal interino, advertimos del enorme reto que tiene la Administración sobre la mesa y reclamamos que el actual proceso de estabilización sea lo más justo posible para los profesionales que están trabajando en Canarias y pedimos transparencia en los datos.
Por otro lado, en relación a los nuevos docentes que se incorporan al sistema educativo, ANPE recuerda que existe un alarmante déficit de plazas en el máster del profesorado que ofertan las universidades públicas del Archipiélago. Esta queja, a pesar de repetirse cada curso, no ha sido atendida y supone, en la práctica, que los futuros docentes deben abonar tasas altísimas por cursar esta formación obligatoria para ejercer.
Estos, junto a otros como la mejora del proceso de implantación de la LOMLOE, la posibilidad de realizar online las actividades de periodicidad no fija, la actualización del precio del kilometraje para el profesorado itinerante o la aprobación de un protocolo eficaz de atención a docentes agredidos, son algunos de los retos que debe atender la Administración.