ANPE Canarias ha comenzado una ronda de reuniones con los grupos políticos del Parlamento de Canarias con el fin de abordar el contenido de los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma en materia educativa y la labor que a nuestro juicio puede ejercer la Cámara para la mejora de la enseñanza pública del Archipiélago.
Es necesario que, a través del trámite de enmiendas, las próximas cuentas autonómicas se acerquen lo máximo posible al objetivo de dedicar al sistema educativo público el equivalente al 5% del producto interior bruto de las Islas, tal como marca la Ley Canaria de Educación, y que se fije además un compromiso de inversión por alumno.
Nuestro presidente autonómico, Pedro Crespo, recuerda que, “con arreglo a la ley, desde 2022 se debía haber llegado al umbral mínimo del 5%, lo que quiere decir que en los dos últimos ejercicios se ha incumplido ese mandato y, si no se modifica el proyecto de presupuestos para 2024 que se está tramitando, también se incumplirá en el próximo”. Así, señala que “en los últimos años se han producido avances en la financiación educativa que sin duda han sido positivos, pero insuficientes para atender las necesidades y los déficits históricos de la enseñanza pública en Canarias”.
En todo caso, subraya que “el anclaje al PIB es un paso necesario, pero no basta, debido a que puede dar lugar a compromisos de inversión notablemente diferentes según las distintas previsiones de crecimiento económico que se manejen, como de hecho está sucediendo, y a que una bajada coyuntural del indicador puede suponer el cumplimiento del precepto legal sin que se haya mejorado en términos reales la financiación educativa”. Por ello, reclamaremos a los grupos políticos “que defiendan también el establecimiento de un compromiso de inversión por alumno”.
En ANPE consideramos fundamental destinar más recursos a continuar la reducción de las ratios alumnado-docente para mejorar la atención a la diversidad y la calidad de la enseñanza. La disminución de alumnado que se está constatando en las primeras etapas a causa del descenso de la natalidad debe ser aprovechada como una oportunidad para rebajar sustancialmente las ratios en esos niveles y, a partir de ahí, ir extendiendo esa reducción a los cursos superiores.
Asimismo, los presupuestos de 2024 deben servir para saldar compromisos retributivos pendientes con el profesorado y para poner en marcha por fin un plan de infraestructuras educativas realista, ajustado a las necesidades actuales y con garantías de ejecución.
Medidas de coste cero
En todo caso, los objetivos que estamos planteados en las reuniones con los grupos parlamentarios no se limitan a la cuestión presupuestaria. Existen múltiples asuntos que la Cámara autonómica puede promover a través de su acción legislativa y no legislativa que no implican coste económico para la Administración o que suponen un gasto mínimo, como el estudio de medidas para evitar que los obstáculos jurídicos impidan o retrasen la ejecución de obras necesarias en colegios e institutos, la mejor planificación del proceso de implantación del primer ciclo de infantil (0 a 3 años), el lanzamiento de campañas públicas para la puesta en valor de la profesión docente o la posibilidad de realizar reuniones online por parte del profesorado.
En esta línea, el Parlamento puede y debe desempeñar también un papel importante en el impulso por parte de la Administración autonómica de medidas para avanzar hacia la estabilidad del personal docente interino más allá de los procedimientos de estabilización en marcha, para reducir el peso de las tareas burocráticas en la labor del profesorado y para mejorar la formación del colectivo docente adaptándola a la demanda existente.