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Mesa técnica: jornada intensiva de junio, procesos de estabilización, comisiones de servicios y otros asuntos


19 Ene, 2024

En la mesa técnica del personal docente no universitario celebrada este viernes 19 de enero con la participación de la Administración educativa y los sindicatos docentes, ANPE ha exigido que se dé marcha atrás a la supresión de la jornada intensiva del mes de junio en infantil y primaria.

La jornada intensiva en junio, que implica una reducción de una hora diaria respecto al horario ordinario del curso, existe desde hace más de cincuenta años y no se puede anular de un plumazo, como se hizo, sin ni siquiera negociarlo ni comunicarlo a las organizaciones sindicales, a través de la Resolución por la que se estableció el calendario escolar y se dictaron instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2023/2024. Recordamos que todas las modificaciones que afecten a la jornada laboral, como es el caso, han de ser negociadas con la representación legítima del profesorado.

Hay muchas razones que aconsejan el mantenimiento de la jornada intensiva. Una de ellas es que, como se ha podido comprobar en este curso, los centros educativos de Canarias no están preparados para las altas temperaturas, por lo que no parece prudente que el alumnado de infantil y primaria permanezca en las aulas durante las horas centrales del día en el mes en el que comienza el verano.

El horario reducido en junio facilita, además, el tránsito del alumnado del periodo lectivo al periodo vacacional, así como la realización de las numerosas tareas burocráticas que debe llevar a cabo el profesorado en junio. Como recalcamos en la mesa, si bien es cierto que todo el personal docente tiene en junio esa mayor carga burocrática, no podemos olvidar que son los maestros y las maestras quienes menos tiempo tienen para dedicarle, puesto que son con diferencia, los docentes que más horas lectivas imparten: 23 a la semana.

En este sentido, pusimos de manifiesto la desigualdad horaria que existe entre el profesorado de infantil y primaria y el del resto de enseñanza, e insistimos en la necesidad de modificar, a partir del próximo curso, el horario de los maestros y maestras, de forma que realicen 26 horas semanales (23 lectivas y 3 complementarias) frente a las 28 actuales.

Modificación de la orden 10 de mayo de 2010

En la mesa se abordó también la revisión, actualización o modificación de la Orden de 10 de mayo de 2010 (modificada en 2012 y 2013), por la que se establecen las normas aplicables para la provisión de puestos de trabajo vacantes con carácter provisional. Desde ANPE solicitamos que la orden regule también al profesorado funcionario interino y que las comisiones de servicios aparezcan ordenadas por el mismo orden de prioridad que los colectivos de adjudicación.

También pedimos, entre otras cosas, que se recoja en la norma que las comisiones de servicios de cargos directivos, por cargo electo, de acercamiento al domicilio familiar, por necesidades docentes y por motivos de salud las pueda solicitar el profesorado interino; que la comisión por finalización del mandato en la dirección la puedan pedir todos los miembros del equipo directivo; y que se explicite que la comisión por razón de violencia de género pueden solicitarla todas las funcionarias (no solo las de carrera) y las laborales fijas.

Planteamos, igualmente, en relación con la comisión de servicios por motivos de salud, que se establezca la obligatoriedad de que la inspección médica proporcione a los docentes un informe que acredite los motivos del carácter desfavorable de los informes, ya que entendemos que actualmente existe una clara indefensión del profesorado afectado; y, en relación con la comisión por necesidades docentes, que las propuestas presentadas a la dirección del centro para solicitarla sean aprobadas por el claustro.

En cuanto a las prórrogas instamos a que se elimine la exigencia de participar en los concursos de traslado para poder solicitarlas y que se suprima la posibilidad de que se denieguen por informe desfavorable de las direcciones de los centros.

Procesos de estabilización

Respecto al concurso-oposición de estabilización, aplaudimos la organización en la conformación de los tribunales, que está ya muy encaminada. Se ha solicitado a los coordinadores ya seleccionados de las especialidades que ayuden a seleccionar a los presidentes de los tribunales de alguna de las especialidades. Ello ha permitido que haya ya un alto número de tribunales conformados. Habrá inspectores que participarán como coordinadores o presidentes de las especialidades en las que haya más tribunales.

Por otro lado, el departamento de la Dirección General de Personal está trabajando en la organización de los centros que serán sede de los tribunales para el desarrollo de la oposiciones de 2024.

Se informó también de que, muy probablemente, las órdenes de convocatoria para los conservatorios se publicarán en el BOC en las próximas semanas, lo que dará inicio a los plazos de inscripción.

En cuanto al concurso de méritos de estabilización, hemos vuelto a solicitar que antes de publicarse las correspondientes resoluciones se ha de llevar a cabo una reunión en la que se traslade a las organizaciones sindicales todos los datos del procedimiento, para, a partir de ellos, decidir conjuntamente cómo dar los siguientes pasos con el fin de no restar opciones al personal docente interino que está ya trabajando en Canarias.

Otros asuntos

Fuera de los temas del orden del día, volvimos a insistir en la necesidad de que se permita y se regule explícitamente que los equipos docentes puedan celebrar reuniones de forma telemática y de que se simplifique el procedimiento de actuación para asignar asistencia jurídica y psicológica al profesorado víctima de agresiones.

Asimismo, hicimos hincapié en que se deben urgentemente tomar medidas para afrontar la alta matrícula de alumnado no hispanohablante que está habiendo en los centros de las Islas, en especial referentes a la potenciación del apoyo idiomático,

Por otro lado, solicitamos una mesa específica para abordar mejoras en las condiciones laborales de los inspectores e inspectoras de Educación.